El abogado del partido Vente Venezuela y representante legal de María Corina Machado, Pekins Rocha, denunció que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó al equipo de María Corina Machado el acceso al expediente que contiene la causa administrativa que sustenta su supuesta inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La razón expuesta por la Sala fue que el magistrado ponente y presidente de la Sala, Malaquias Gil, estaba trabajando con el expediente. Sin embargo, esta situación ocurrió tanto el 19 de diciembre de 2023 como ahora, este 9 de enero de 2024.
«Por segunda vez, la Sala Política Administrativa del TSJ no nos dió acceso al expediente para examinarlo y no solo conocer el trámite llevado a cabo, sino en particular, saber de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Política Administrativa del TSJ hizo la Contraloria General de la República a que consignara los antecedentes del caso», explicó Rocha.
Ante este impedimento, el equipo de Machado desconoce qué trámite se está realizando. Tampoco se maneja información en torno al cumplimiento del requerimiento que la Sala Político Administrativa había hecho a la Contraloría General de la República, de consignar los antecedentes administrativos del caso y especialmente los actos administrativos que sustentan la inhabilitación de la coordinadora nacional de Vente Venezuela.
Ante esto, Rocha alerta que este impedimento deja a la candidata presidencial elegida por la oposición en una situación de «indefensión» judicial.
«La Sala coloca a María Corina Machado en una peligrosa situación de indefensión, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo y, a su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimiento del acuerdo de Barbados, especialmente en lo relativo al deber asumido por la Sala de atender las demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas», advirtió el abogado en su cuenta de X.
Machado insistió desde la firma del Acuerdo de Barbados en que este documento permitiría que las elecciones presidenciales, pautadas para este año, se realizaran bajo mejores condiciones, entre ellas, sin inhabilitaciones políticas.
Para ello, cada dirigente en esta situación debía introducir un recurso contencioso administrativo contra la medida que les impide ejercer cargos públicos, junto con una solicitud de amparo cautelar, en un plazo que se mantendría hasta el 19 de diciembre de 2023.
Machado se negó a solicitar ninguna revisión, alegando que no existe un acto administrativo formal que sustente su inhabilitación, debido a que asegura que nunca recibió notificación alguna.
En la fecha límite establecida por el TSJ, la
dirigente se acercó a la sede del Poder Judicial para introducir una demanda de reclamación por vía de hecho, en la cual se recalca que la medida en su contra es un «acto inexistente».
Tras la entrega de este documento, su equipo legal exige con claridad poder informarse sobre los avances en su expediente, pero han sido obstaculizados.