En un extenso informe de 18 páginas, al que El Tiempo tuvo acceso, el sistema judicial de Estados Unidos ha solicitado a una Corte federal del Distrito Sur de Nueva York que condene al mayor general retirado Clíver Alcalá, antiguo aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se le acusa de narcotráfico y suministro de armas a las extintas Farc, específicamente a Iván Márquez, líder actual de la disidencia Segunda Marquetalia.
La petición de la fiscalía estadounidense apunta a una condena de 30 años de prisión, mientras que la defensa de Alcalá busca una pena de seis años. La audiencia para determinar la sentencia está programada para el jueves 18 de enero.
El documento revela que Alcalá, descrito como un «poderoso general» de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, habría respaldado a las Farc durante años, protegiéndolas de las fuerzas militares y judiciales venezolanas. Además, se le imputa la entrega de material militar a la guerrilla y la conspiración para asegurar el paso sin obstáculos de la droga a través del principal aeropuerto venezolano, Maiquetía.
La confesión de Alcalá, realizada ante una corte de Nueva York, revela su papel en el suministro de armas y apoyo a las Farc desde 2006. Según la solicitud de la fiscalía, el exmilitar recibía sobornos millonarios por cada cargamento de droga que salía de su área de control.
La solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. señala que Alcalá habría facilitado la operación de las Farc en Venezuela durante las negociaciones del Caguán, trasladando campamentos y actividades relacionadas con el narcotráfico al territorio venezolano.
El informe documenta incidentes donde Alcalá habría intervenido para evitar la detención de convoyes de droga de las Farc en Venezuela, incluso llamando directamente a un jefe de la Guardia Nacional venezolana. También se detalla su detención en una operación en la que se encontraron 35 toneladas de cocaína, y cómo, tras algunas llamadas, 80 miembros de la Guardia Nacional llegaron al lugar para evitar su arresto.
La contundente solicitud de condena del Departamento de Justicia representa un desafío para el Gobierno de Nicolás Maduro, también procesado en este caso, añade El Tiempo, y subraya la persistente tensión entre Washington y Caracas, a pesar de los recientes intentos de distensión diplomática.