El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, notificó que el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ordenó a su personal que se vaya del país en las próximas 72 horas.
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país«, declaró el canciller.
Además, el Gobierno nacional pide al organismo de las Naciones Unidas que “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
La oficina de la ONU llegó al país en septiembre 2019 bajo la dirección de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y en días recientes denunció la desaparición forzada de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
El Alto Comisionado, Volker Türk, exigió la “liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal” de la activista de derechos humanos.
Ante esto, el canciller criticó que no se hayan pronunciado ante los presuntos intentos de golpes de Estado contra Nicolás Maduro que fueron expuestos por el Ministerio Público, ni tampoco los efectos de las sanciones de los Estados Unidos sobre el país.
Gil acusó a los empleados de la ONU de ser “una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana”.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores criollo, afirman que la Oficina del Alto Comisionado “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.