En medio de un clima de mucha incertidumbre y cuestionamientos, acompañado de una profunda crisis que se sigue profundizando desde hace años, Venezuela se mantiene a la espera de conocer la fecha de los comicios presidenciales, proceso que será crucial para definir el rumbo que tomará el país en los próximos seis años.
Pese a finalizar el 2023 con el acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la oposición, seguido de la decisión de Estados Unidos de relajar algunas sanciones económicas y proceder a la liberación del empresario Alex Saab, el país sigue viviendo momentos de mucha tensión que generan cierta preocupación en la población.
En las últimas semanas, el gobierno nacional ha protagonizado una serie de hechos que han provocado no solo el repudio de la oposición venezolana, sino de buena parte de la comunidad internacional, quienes han expresado su rechazo a diversas medidas que ponen en duda la intención del Estado de cumplir con la ruta acordada en las negociaciones.
Una candidatura truncada
La opositora María Corina Machado logró una importante victoria en las elecciones primarias realizadas el pasado 22 de octubre con un 92 % de los votos. El triunfo de la dirigente de Vente Venezuela despertaba la ilusión de alcanzar un cambio de gobierno, luego de ser considerada como la única contrincante que podía derrotar a Nicolás Maduro en unos comicios presidenciales.
Sin embargo, la exdiputada presentaba una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, medida impuesta por la Contraloría General en junio por presuntamente «solicitar la aplicación de sanciones y bloqueo económico».
Dicha decisión fue ratificada nuevamente el pasado 26 de enero, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazará la solicitud de la dirigente política para retirar la orden administrativa, situación que la deja fuera de la carrera electoral.
Para los opositores, este fallo rompe con lo establecido en el acuerdo de Barbados, mientras que para el Gobierno la medida cumple con lo pactado en el documento.
Pese a esta decisión, María Corina Machado no descarta la posibilidad de participar en la contienda electoral. La líder opositora ha dejado claro en varias oportunidades que continuará con la ruta electoral hasta alcanzar la victoria en unas elecciones libres.
Detención de Rocío San Miguel
La detención de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero mientras intentaba salir del país fue uno de los eventos que puso nuevamente al Gobierno venezolano en el ojo del huracán.
Después de dos días sin conocer el paradero de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención alegando que había una orden de captura en su contra.
San Miguel fue imputada por los delitos de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración«, por presuntamente participar en una conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro, este hecho provocó diversas críticas de distintas ONG y organizaciones internacionales, quienes mostraron su solidaridad con San Miguel, quien aparentemente sigue sin mantener contacto con su equipo legal.
Expulsión de la ONU
Después de darse a conocer la detención de Rocío San Miguel, uno de los organismos que se pronunció en rechazo de esta medida fue la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., que expresó su «profunda preocupación» por la detención de la activista.
El pronunciamiento del ente internacional no fue bien visto por el Gobierno venezolano, que tomó represalias y decidió expulsar a los funcionarios de esa organización.
El canciller venezolano, Yvan Gil, explicó que «la decisión se debe al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular que permanentemente se confabulan contra el país».
Días después, el propio Nicolás Maduro aseguró que la oficina «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».
Desde entonces, los 13 empleados de la citada oficina abandonaron Venezuela y se instalaron en Panamá, desde donde continúan haciendo seguimiento a las actividades suscitadas en el país.