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El Gobierno de Estados Unidos estaría considerando la manera de limitar las ventas de petróleo del Gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, previo al proceso electoral del próximo 28 de julio.

Según una publicación del medio estadounidense The Washington Post, la administración de Joe Biden aplicará una estrategia que no le aumente “el número de migrantes venezolano y los precios del gas en EE.UU.”, además de «no molestar a otros gobiernos latinoamericanos”.

Esto ocurre frente a la fecha límite del 18 de abril, impuestas por la Casa Blanca, cuando se decidirá si se extiende una suspensión temporal de las sanciones que ese país mantiene sobre Venezuela.

“Las fuertes sanciones que prohibían las ventas de petróleo, impuestas por la administración Trump, se levantaron en octubre” luego de una serie de conversaciones entre ambos gobiernos, refiere el medio.

La “licencia general” del Tesoro de Estados Unidos, emitida el año pasado, permite a inversionistas de todo el mundo comprar crudo venezolano y pagarlo en dólares estadounidenses por primera vez desde que la política de máxima presión de Donald Trump lo eliminó efectivamente del mercado internacional.

Según una de las propuestas sobre la mesa, el Departamento del Tesoro impondría un nuevo régimen de sanciones que permitiría a Venezuela seguir vendiendo crudo a clientes internacionales, pero no en dólares estadounidenses.

El medio indica que Venezuela recibirá el pago en su propia moneda, el bolívar, depositado directamente en el Banco Central de la nación a través de pagos de alivio de deuda o acuerdos de trueque que intercambiarían petróleo por diluyente, gasolina o diésel, según dijo un asesor de compañías energéticas involucradas en el sector petrolero de Venezuela.

Recuerda que un regreso a la política de sanciones de la era Trump podría molestar a importantes gobiernos de izquierda en la región, particularmente Brasil y Colombia.

David L. Goldwyn, quien se desempeñó como enviado especial y coordinador del Departamento de Estado para la energía internacional, durante la administración de Barack Obama, dijo que la nueva medida propuesta aún permitiría “alivio para la economía nacional” al proporcionar gas intercambiado y otros productos petrolíferos refinados para la electricidad, la agricultura y el gas venezolano.

La licencia existente tuvo un impacto positivo limitado en el flujo de caja hacia Venezuela y aún no ha abierto un acceso más amplio al mercado estadounidense, en parte debido a la incertidumbre sobre su límite de seis meses, dijo Francisco Monaldi, experto en energía venezolana de la Universidad Rice, en Houston.

Empresas extranjeras, incluidas algunas de Estados Unidos, prevén posibles nuevos contratos en Venezuela con la esperanza de que se mantenga la «relajación» de las sanciones.