Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa, detenido el viernes pasado tras un sorpresivo e inédito asalto policial a la embajada de México en Quito, inició una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad donde está alojado, según confirmó su abogada Sonia Vera.
En un mensaje en redes sociales este miércoles, Vera indicó que el equipo legal que lleva la defensa de Glas «finalmente» pudo tomar contacto con el ex vicepresidente, que se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil.
Glas había pedido asilo político en México, para no cumplir una condena por corrupción en Ecuador. El gobierno de José Manuel López Obrador se lo había concedido. Pero el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ante el supuesto «riesgo de fuga» de uno de sus enemigos políticos, ordenó su detención.
El lunes, Glas fue hospitalizado de emergencia tras una aparente descompensación que, según un parte policial al que tuvo acceso la defensa, pudo estar causada por una sobredosis de medicamentos, mientras que las autoridades penitenciarias lo atribuyeron a su negativa a ingerir alimentos.
La versión de Jorge Glas
En un fragmento de una videoconferencia con Glas compartido por la abogada, el ex vicepresidente narra que los policías que lo detuvieron presuntamente le propinaron una paliza y que eso le impidió sostenerse en pie mientras le leían los derechos, lo que según el detenido está filmado por las cámaras de seguridad de la Embajada mexicana.
Vera señaló que Glas agradeció al gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado el asilo.
«El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político», dijo Glas, de acuerdo a la cita publicada por su defensora.
Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, a donde había ingresado en calidad de huésped para después solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que el gobierno ecuatoriano rechaza enfáticamente.
Las condenas al ex vicepresidente
El ex vicepresidente, que ocupó el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) y a inicios también de la administración de Lenín Moreno (2017-2021), tenía una orden de detención para su reingreso en prisión, al encontrarse imputado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
La Justicia también había dictaminado que debía volver a prisión para acabar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, la última de ellas en el marco del caso Odebrecht, de las que ya purgó cerca de cinco años entre 2017 y 2022.
La invasión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México llevó al gobierno de López Obrador a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador y a alistar una denuncia contra la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar violada su soberanía y el derecho internacional.
El ingreso a la fuerza a la sede diplomática también condenado enérgicamente este miércoles por el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como por la comunidad internacional.
Ecuador fue el único país en votar en contra de la resolución de la OEA al considerar que México infringió la Convención de Asilo Diplomático al otorgar el asilo a una persona procesada por delitos comunes, lo que considera como una intromisión en asuntos internos.
Fuente: EFE