El presidente Nicolás Maduro se reunió el lunes con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) que realiza una visita en Venezuela para lanzar “un plan de trabajo” conjunto entre el alto tribunal de Naciones Unidas y las autoridades del país sudamericano en momentos que enfrenta una investigación sobre crímenes de lesa humanidad por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017.
No se ofrecieron detalles inmediatos de lo abordado por Maduro y el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, quien después mantuvo una reunión de trabajo en el palacio legislativo con el fiscal general venezolano Tarek William Saab y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y cercano colaborador de Maduro.
Khan comentó durante el encuentro en el Legislativo que mientras se investiga de forma independiente, existe la oportunidad de “apoyar la asistencia técnica para que haya una justicia realmente significativa”.
“Creo que hay unidad en una verdad central: que la oscura nube de sospechas o acusaciones no se disipará sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles”, añadió.
La visita tiene lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas –bajo el mando de Maduro– durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.
El juez presidente del panel de apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, declaró en marzo pasado que el tribunal “rechaza las apelaciones” presentadas por Venezuela.
Venezuela sostiene que el proceso abierto en la CPI tendría como propósito “instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Khan anunció a finales de 2021 que abriría una pesquisa tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Sin embargo, la investigación a gran escala quedó en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
Khan, quien siguió adelante con sus esfuerzos para continuar su investigación, la primera del tribunal en América Latina, argumentó que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia “siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en procedimientos potencialmente relevantes”.
Los jueces de la CPI autorizaron el año pasado reanudar las pesquisas en Venezuela. Los jueces señalaron en ese momento que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
La administración de Maduro apeló el fallo, lo que llevó a la decisión del pasado primero de marzo.
El gobierno venezolano, aunque rechaza las acusaciones, ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio”, por parte de algún miembro de la fuerza armada, entre otros cuerpos de seguridad, a cargo de enfrentar acciones de violencia.
Paralelamente, los contactos con el fiscal jefe de la CPI se han mantenido en el marco de un memorando de entendimiento en que el gobierno de Maduro se comprometió a cooperar para esclarecer los hechos.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.