Horas antes del inicio de las celebraciones por el Día de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó su reforma constitucional más polémica: la que restructura el poder judicial para que todos los jueces sean elegidos por voto popular.
Ni los recursos judiciales de las últimas semanas que pedían paralizar su entrada en vigor por irregularidades en la tramitación parlamentaria, ni las enconadas críticas de sectores sociales que creen que politizará la justicia, ni las advertencias sobre los riesgos que supone para la democracia mexicana lanzadas por algunos países han podido evitar que la Constitución mexicana quedara reformada el domingo por la noche con la publicación de los cambios en el Diario Oficial de la Federación.
“Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero estado de derecho… que se acabe la simulación, porque se hablaba de que vivíamos en democracia pero no, dominaba una oligarquía”, dijo López Obrador en un video en el que se le ve firmando la reforma en presencia de su sucesora, Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder el 1 de octubre. “Ahora sí es el pueblo el que manda”.
Sheinbaum ganó las elecciones generales de junio con el 60% de los votos y por eso el oficialismo asegura que está suficientemente legitimado para hacer los cambios ahora propuestos.
“Viva la justicia”, clamó el mandatario poco después durante su última ceremonia del “Grito”, el acto simbólico que marca el inicio de las fiestas patrias.
“Viva la Cuarta Transformación”, agregó ante un Zócalo repleto en referencia al proyecto oficialista que él ha liderado.
López Obrador quería dejar como legado muchos cambios en la Constitución y el primero y más polémico ya es un hecho, aunque sus detractores consideran que más que mejorar la justicia, la va a dilapidar y politizar.
El trámite parlamentario de la controvertida iniciativa concluyó la madrugada del miércoles con su aprobación en el Senado. El oficialismo consiguió el único voto que le faltaba gracias a un parlamentario de la oposición, y después de una muy convulsa sesión que incluyó la irrupción de manifestantes en el pleno, el cambio repentino de sede y acusaciones de cooptar el voto.
Posteriormente la reforma fue ratificada por una mayoría de los 32 estados del país.
López Obrador, que ha tenido duros enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales bloquearon o paralizaron algunas de sus grandes reformas, asegura que la iniciativa acabará con la corrupción al facilitar las sanciones a los magistrados.
Pero los críticos argumentan que pone en riesgo la independencia judicial, representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno y generará incertidumbre entre los inversores.
Además, consideran que llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia, permitirá que personas con poca experiencia sean jueces y podría facilitar que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos judiciales.
El camino por delante para poner en práctica una reforma que tiene todavía muchas preguntas sin resolver es una gran incógnita.
Algunos expertos creen que todavía podría ser impugnada por contradecir convenios o tratados internacionales suscritos por México y en los que el Estado mexicano se compromete a tener una justicia imparcial.
La reforma judicial es la primera de las reformas constitucionales previstas por el presidente y que incluyen, entre otras, la supresión de organismos autónomos que hacían contrapeso al poder ejecutivo, y que la Guardia Nacional —un cuerpo creado en este gobierno con la premisa de estar bajo mando civil— pase a manos del Ejército.