Por Robert Alvarado (@robertveraz)
“Un documento no es solo una hoja de papel; es la última y más resistente defensa contra las corrientes antidemocráticas.”. Frase atribuida a Hermann Kelsen
Nicolás Maduro ha estado bajo un escrutinio constante, no solo por su gestión política y económica, sino también por la falta de transparencia en la documentación que respalda su legitimidad como presidente. Desde el inicio de su mandato, han surgido cuestionamientos sobre varios documentos clave que podrían poner en jaque su permanencia en el poder. En lugar de documentos usaré el término “papeles” que han llegado a amenazar su permanencia en el poder. Uno de los documentos más controversiales es la partida de nacimiento de Maduro, que nunca ha sido presentada públicamente. Este hecho ha generado especulaciones sobre su identidad y legalidad como líder del país. La falta de este documento fundamental ha sido tan problemática que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha prohibido discutir el tema, lo que añade un nivel de secretismo que alimenta las teorías conspirativas y la desconfianza hacia el régimen.
Legalmente, la ausencia de una partida de nacimiento podría ser interpretada como un defecto en la legitimidad del presidente, ya que este documento es esencial para validar su identidad y, por ende, su capacidad para ejercer funciones públicas. O sea, la falta de presentación pública de documentos clave, como la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, genera un vacío legal que podría interpretarse como un defecto en su legitimidad como presidente. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece requisitos claros para la elegibilidad presidencial, incluyendo la nacionalidad por nacimiento (artículo 41). La ausencia de este documento fundamental no solo alimenta especulaciones sobre su identidad, sino que también plantea serias dudas sobre su capacidad para ejercer funciones públicas. La jurisprudencia, por ejemplo, en sentencias de la Sala Político Administrativa del TSJ de fechas 25/07/2024, 01/03/2018, 03/08/2017 y 12/03/2020, ha abordado temas similares, donde la falta de documentación adecuada puede llevar a cuestionamientos sobre la validez de actos administrativos y decisiones políticas.
Esta semana, el Centro Carter presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) actas electorales que contradicen las afirmaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según estas actas, el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó con un 67% de los votos frente al 31% de Maduro. Esta discrepancia plantea serias implicaciones legales y políticas, ya que el CNE, controlado por el chavismo, no ha mostrado transparencia al no publicar los resultados desagregados por centro y mesa de votación. La presentación de estas actas originales en un foro internacional podría ser vista como una prueba irrefutable del fraude electoral y podría llevar a una mayor presión internacional para exigir un cambio en el liderazgo venezolano. Sin duda, esa reciente presentación de actas electorales en la OEA añade otra capa de complejidad. La falta de transparencia en el proceso electoral, evidenciada por la ausencia de resultados desagregados, no solo socava la confianza pública en las instituciones democráticas, sino que también puede ser vista como un indicio de fraude electoral. La jurisprudencia ha establecido que para que un acto electoral sea considerado legítimo, debe cumplir con estándares internacionales de transparencia y participación (Sentencia del TSJ del 12/08/2019). La presentación de estas actas en foros internacionales podría ser utilizada como prueba para cuestionar la legitimidad del gobierno ante organismos internacionales.
Además de la partida de nacimiento y las actas electorales, hay otros papeles que podrían haber causando desvelos a Maduro. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela han sido devastadores para la imagen del régimen. La documentación que respalda estas acusaciones puede ser utilizada legalmente para demandar responsabilidades ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), como en efecto ha ocurrido con serias implicaciones para el régimen, por efecto de las denuncias e incidencias crecientes en el proceso que sigue su curso en la CPI en el marco de la Situación Venezuela I. Esto resalta la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de que los funcionarios públicos actúen dentro del marco legal establecido. La falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios también alimenta acusaciones de corrupción, lo que podría tener implicaciones legales tanto a nivel nacional como internacional. Los contratos y acuerdos internacionales firmados por el gobierno venezolano, especialmente aquellos con países como Cuba e Irán, pueden ser cuestionados legalmente si no cumplen con los estándares internacionales, que de hecho pareciera ser así. Estos acuerdos no solo afectan la política interna, sino que también pueden ser utilizados como argumentos para desafiar la legitimidad del gobierno ante organismos internacionales. Un cúmulo de papeles, entiéndase, documentos comprometedores para el régimen.
La importancia de la documentación o los papeles debidos en los actos administrativos es un tema que resuena profundamente en el ámbito del derecho y la administración pública. A través de las sentencias referidas de soslayo, se evidencia que la falta de documentación adecuada no solo puede llevar a la nulidad de un acto administrativo, sino que también afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En un mundo donde la burocracia a menudo se percibe como un laberinto complicado, la claridad y la transparencia son esenciales. La documentación adecuada no solo garantiza que los procedimientos se sigan correctamente, sino que también protege los derechos de los ciudadanos. Cuando un acto administrativo carece de la debida fundamentación o de los documentos necesarios, se crea un vacío que puede ser explotado, generando desconfianza y frustración entre aquellos que dependen de la administración pública para resolver sus asuntos. Así de importante son los papeles que solemos manejar, tramitar o generar dado el caso con nuestra participación en materia política, siendo las actas electorales el mejor ejemplo.
Además, el acceso a la información y la posibilidad de que los ciudadanos conozcan el estado de sus trámites son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La falta de respuesta o la ausencia de documentación o papeles como las actas electorales, la misma partida de nacimiento de Maduro, puede llevar a situaciones de incertidumbre y desamparo, donde las personas sienten que sus voces no son escuchadas y sus derechos no son respetados. Desde esta perspectiva, no es descabellado afirmar que ciertos papeles, entiéndase, las actas electorales, aunadas a informes de organismos internacionales, incluso de naciones, sin obviar la orden de captura emitida en el cono sur, seguirán quitándole el sueño a Maduro
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