El gobierno de Nicolás Maduro condenó este martes las sanciones impuestas por Canadá contra cinco funcionarios del Estado, acusándolos de ser “esclavos” de los intereses de Estados Unidos.
En un comunicado, el Ejecutivo calificó las medidas como una muestra del «papel servil» de Ottawa hacia el Gobierno estadounidense.
“Venezuela rechaza de manera contundente las medidas extorsivas… que confirma, una vez más, su papel servil como esclavo de los intereses imperiales de Estados Unidos”, señala el documento.
Caracas consideró estas acciones como “ilegales” y acusó al gobierno canadiense de actuar como un “peón subordinado” de Washington.
Entre los sancionados se encuentran Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE); Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal; y Edward Miguel Briceño Cisneros, juez.
Estas sanciones, anunciadas por la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, incluyen el congelamiento de activos en Canadá y la prohibición de realizar transacciones con los afectados.
Joly afirmó que Canadá «no se quedará quieta» mientras el gobierno de Maduro «sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano» y reiteró la necesidad de una solución pacífica y negociada para la crisis política.
Canadá, junto a otros actores internacionales, reafirmó su compromiso de apoyar el diálogo en Venezuela, aunque dejó claro que seguirá imponiendo sanciones a quienes atenten contra los derechos democráticos del país.