Venezuela se sumerge en una crisis eléctrica sin precedentes, con su sistema operativo funcionando a un alarmante 20% de su capacidad, según denunció la ONG Provea. Esta situación crítica ha desencadenado un recrudecimiento de los racionamientos y la imposición de una jornada laboral reducida en el sector público, afectando la vida diaria de millones de venezolanos.
Provea, en su reciente balance sobre los servicios públicos, reveló datos escalofriantes: la generación eléctrica en el país ha caído un 80% por debajo de su capacidad operativa. La encuesta HumVenezuela de 2024 corrobora esta realidad, indicando que el 69% de los hogares venezolanos sufre fallas eléctricas constantes, y un 17,1% padece interrupciones casi a diario. Estos números traducen el impacto directo en más de 17 millones de personas en todo el territorio nacional.
Ante este panorama, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció la reducción de la jornada laboral para los trabajadores públicos, una medida que, según Oscar Murillo, coordinador general de Provea, evidencia la extrema fragilidad del sistema. Murillo criticó esta decisión, calificándola de un «salvavidas» desesperado ante el aumento de temperaturas y la sequía de los embalses. Además, advirtió sobre el potencial impacto económico negativo, recordando la paralización de empresas básicas en Guayana en 2009.
Provea atribuye esta debacle a la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica, así como a «decisiones improvisadas y/o tomadas por razones partidistas». El gobierno, por su parte, argumenta que la sequía de los embalses en la región andina es consecuencia del cambio climático.
La crisis eléctrica ha sumido a los venezolanos en la incertidumbre y la dificultad. La calidad de vida se ha visto gravemente afectada, con apagones que interrumpen actividades cotidianas y generan malestar generalizado. Incluso sectores esenciales como hospitales y escuelas, aunque exentos de la reducción de jornada laboral, sufren las consecuencias de las constantes fallas eléctricas.
Ingenieros eléctricos y expertos en el área han manifestado su preocupación, señalando la necesidad urgente de un plan integral de recuperación del sistema eléctrico. Ciudadanos de diversas regiones del país han expresado su frustración y desesperanza ante la falta de soluciones a largo plazo.
La crisis eléctrica en Venezuela continúa profundizándose, exigiendo medidas urgentes y soluciones sostenibles para garantizar la estabilidad del servicio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.