(Reporte especial de Robert Alvarado, Barinas) Un productor agrícola de Pedraza, Barinas, ha presentado una recusación formal contra un juez del Tribunal Tercero Agrario, acusándolo de fraude procesal colusivo, desacato jurisprudencial y error inexcusable de derecho. La acción legal se produce en medio de una disputa por una medida cautelar agroalimentaria, generando preocupación por la «paz social en el campo».
Modesto Altuve Hernández, propietario de la Finca La Escondida, formalizó la recusación contra el juez Orlando José Contreras López, solicitando su separación inmediata del caso. La recusación se basa en presuntas violaciones del artículo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 761 del 13/11/2008).
Altuve acusa al juez de mantener «reuniones clandestinas» con la contraparte, lo que, según él, viola el principio de igualdad de las partes. La disputa gira en torno a una medida cautelar agroalimentaria decretada a favor de Altuve, con una vigencia de dos años. Altuve alega que el juez está intentando modificar o revocar parcialmente la medida a instancias de un tercero opositor que presentó su oposición de manera extemporánea.
El productor manifiesta que el juez esta ignorando su propia desición anterior, y que el productor, posee los derechos de arrendamiento por parte de la alcaldia del municipio Pedraza. Altuve acusa al juez de anticiparse al resultado de una sentencia interlocutoria (artículo 247 de la Ley de Tierras) al ordenar una nueva inspección judicial de su predio, a menos de un mes de una inspección previa.
El productor planea presentar denuncias formales ante la Inspectoría de Tribunales y la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, alegando violaciones al Código de Ética del Juez y Jueza Venezolano. Altuve manifiesta que las acciones del juez, atentan contra la seguridad juridica, y la paz social que la jurisdicción agraria busca.
La recusación ha generado preocupación entre los productores agrícolas de la región, quienes temen que este caso pueda sentar un precedente negativo en el sistema judicial agrario y afectar la estabilidad en el campo.