El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha declarado que continuará sus operaciones petroleras con compañías internacionales, desafiando la reciente revocación de licencias por parte de la administración de Donald Trump. Esta decisión intensifica la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, y plantea interrogantes sobre el futuro de la industria petrolera venezolana y su impacto en la economía global.
En un claro desafío a las sanciones impuestas por Estados Unidos, el gobierno venezolano aseguró este domingo que mantendrá sus operaciones con petroleras extranjeras, a pesar de la decisión del presidente Donald Trump de revocar los permisos que permitían a empresas asociadas a la estatal Pdvsa, como la española Repsol, exportar crudo y derivados desde el país sudamericano.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, afirmó en un comunicado que mantienen comunicación constante con las compañías transnacionales de petróleo y gas que operan en el país. «Estas empresas no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero», declaró Rodríguez, subrayando que Venezuela no reconoce jurisdicción extraterritorial.
El gobierno venezolano insiste en que está preparado para enfrentar las sanciones y continuar con su «Plan de Independencia Productiva Absoluta», impulsado por el presidente Nicolás Maduro. «Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas, en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas», añadió la vicepresidenta.
Las medidas de la administración Trump afectan, además de Repsol, a empresas como la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries, que hasta ahora operaban con permisos excepcionales en medio de las sanciones impuestas contra Caracas. Estas compañías tienen hasta finales de mayo para liquidar sus operaciones en el país.
Medios estadounidenses informaron que la mayoría de estas petroleras ya habían reducido o suspendido sus importaciones de crudo venezolano tras la reciente imposición de un arancel del 25% por parte de Trump a compradores de petróleo y gas del país suramericano. En los casos de Repsol y Reliance, ambas con una fuerte presencia en el mercado estadounidense, se había solicitado autorización para continuar operando en Venezuela sin infringir las sanciones.
Analistas consultados por EFE advierten que estas medidas podrían representar un nuevo golpe para la ya debilitada economía venezolana, cuya producción petrolera, que en enero superó el millón de barriles diarios por primera vez desde 2019, podría verse nuevamente afectada.
«Estas sanciones intensifican la presión sobre el gobierno de Maduro y generan incertidumbre en el mercado petrolero global», comentó un experto en energía que prefirió mantenerse en el anonimato. «El impacto en la producción y exportación de crudo venezolano podría tener repercusiones en los precios internacionales del petróleo».
La situación plantea interrogantes sobre cómo la industria petrolera venezolana se adaptará a estas nuevas sanciones y cuál será el impacto en la población venezolana, que ya enfrenta una grave crisis económica.