Por José Luis Centeno S.
El reto de la Corte IDH trasciende lo institucional y normativo.
La implementación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) representa uno de los mayores retos para los Estados de la región y la misma Corte. ¿Por qué? Porque no basta que existan sentencias ejemplares, el verdadero desafío es transformarlas en cambios concretos, sostenibles y medidas en las vidas de las personas.
En un estudio titulado “Hacia una nueva visión de los desafíos de implementación de las decisiones interamericanas desde un punto de vista del monitoreo estratégico y dialógico a políticas públicas”, Oscar Parra Vera y Stefanía Rainaldi Redon, ofrecen una original perspectiva sobre cómo abordar este proceso.
Estos autores, ponen el énfasis en el monitoreo estratégico y el diálogo como herramientas clave para la efectividad de las políticas públicas derivadas de las decisiones interamericanas. Veamos.
El punto de análisis de este análisis es el Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, en el cual se dictó una sentencia paradigmática que obliga al Estado ecuatoriano a adoptar medidas integrales para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo.
La Corte IDH, además de establecer reparaciones individuales en este caso, ordenó la creación y fortalecimiento de políticas públicas con garantías de no repetición. A decir verdad, la distancia entre la sentencia y su cumplimiento sigue siendo considerable, pero, punto positivo, generó análisis como el que nos ocupa.
En ese sentido, Parra Vera y Rainaldi Redon destacan que la implementación de las decisiones de la Corte IDH requiere superar el enfoque tradicional, centrado únicamente en el cumplimiento formal, exige, en opinión de ellos, adoptar una visión estratégica y dialógica.
Lo anterior, implica reconocer que la efectividad de las políticas públicas, dependen tanto de la calidad de su diseño como de la capacidad de los actores involucrados para dialogar, negociar y ajustar las medidas en función de los resultados obtenidos y de los contextos cambiantes.
Uno de los aportes más relevantes de este análisis, es la insistencia en la necesidad de contar con indicadores claros y pertinentes para evaluar el impacto de las políticas públicas. Los cuales deben abarcar tres dimensiones esenciales: estructurales (cómo se organizan las instituciones para garantizar derechos), procesales (los esfuerzos y procedimientos implementados) y de resultados (el impacto real en la vida de las víctimas y la sociedad).
Sin indicadores, las políticas públicas corren el riesgo de quedarse en declaraciones de buenas intenciones, sin capacidad real de transformación. Además, la Corte IDH requiere herramientas objetivas, fiables, que le permitan valorar si las medidas adoptadas por los Estados ciertamente contribuyen a garantizar los derechos humanos.
El monitoreo estratégico y dialógico propuesto por los autores implica, también, la realización de audiencias públicas, la participación activa de expertos, víctimas y sociedad civil, y el establecimiento de canales de diálogo constante entre actores estatales, la sociedad civil y los organismos internacionales.
Este enfoque permite no solo identificar los avances y las dificultades, sino también construir soluciones colectivas y adaptadas a las particularidades de cada contexto nacional. Siendo así, no existe una fórmula única, pero si la necesidad de enfoques flexibles, adaptativos y participativos.
En suma, la implementación efectiva de las sentencias de la Corte IDH, según estos autores, exige un cambio de paradigma: pasar de la mera ejecución formal a un proceso estratégico y dialógico, donde el monitoreo, la participación y la evaluación constante sean pilares fundamentales. Un reto que trasciende lo institucional, pues requiere construir puentes entre el derecho y la realidad, entre la norma y la vida cotidiana.