Por José Luis Centeno S.
El tiempo, implacable e ineludible, demuestra que la justicia internacional no olvida ni perdona a quienes, amparados en el poder, creyeron estar por encima de la ley.
El reciente desenlace del caso de Hugo “Pollo Carvajal”, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, quien admitió su culpabilidad ante una corte federal de Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo, marca un hito en la persecución de delitos de alto impacto cometidos con conocimiento de causa.
A la luz de este desenlace, la proyección sobre el destino judicial de Luisa Ortega Díaz, ex Fiscal General de la República y hoy encausada en España, por presuntos crímenes de lesa humanidad, se vuelve inevitable y contundente, visto que, al momento que escribimos, ya tiene limitaciones para dejar el territorio español.
Carvajal enfrenta la posibilidad cierta de una cadena perpetua. Su caída, precedida por años de maniobras legales y protección política, demuestra que la justicia puede tardar, pero cuando actúa lo hace con todo el peso de la ley, con tendencia a desmantelar redes de impunidad tejidas desde altas esferas del poder.
El caso de Luisa Ortega Díaz (a quien no es la primera vez que adverso), aunque distinto en naturaleza, comparte elementos estructurales con el de Carvajal. Ortega Díaz, quien debió ser garante del sistema judicial venezolano durante años, enfrenta en España una querella admitida por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión.
Su historia está marcada por el viraje político que quiso vender a Tirios y Troyanos: de ser pieza clave de la maquinaria chavista, pasó a denunciar al régimen, intentando presentarse como adalid de la justicia. Sin embargo, su pasado la persigue.
Como bien apunta la crítica de opinión, Ortega Díaz no puede pretender que la confesión tardía o el cambio de bando la exoneren de responsabilidad. Su rol en la cadena de mando y su participación activa en la convalidación de delitos graves la colocan en la mira de la justicia internacional, que ha demostrado no ceder ante argumentaciones de conveniencia o “arrepentimientos” estratégicos.
En ese sentido, Carvajal y Ortega Díaz tienen dos trayectorias diferentes, pero un mismo destino. Ambos casos revelan el mismo patrón: funcionarios que, tras años de impunidad, terminan enfrentando la justicia en escenarios internacionales, donde las presiones políticas y las maniobras dilatorias suelen perder eficacia.
Considero que, salvo mejor criterio, Luisa Ortega Díaz, pese a su cambio de discurso, no podrá eludir la responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante su gestión, pues la justicia europea ha demostrado capacidad y voluntad para procesar crímenes de lesa humanidad, incluso décadas después de los hechos.
Queda demostrado que nadie puede eludir la justicia internacional indefinidamente: aquellos que intentan situarse por encima de la ley, inevitablemente acaban respondiendo ante estrados ajenos a presiones y privilegios. No es una ilusión pensar así, pues casos recientes evidencian que, aunque la justicia tarde, siempre llega y actúa con firmeza.