El Gobierno de Venezuela volvió a amenazar con expulsar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), reactivando las tensiones diplomáticas que en febrero de 2024 llevaron al cierre temporal de la misión en Caracas.
La advertencia surge tras la publicación de un nuevo informe del Alto Comisionado, Volker Türk, que denuncia un acceso limitado a Venezuela y un agravamiento de la situación de derechos humanos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advierte que desde la reanudación de relaciones en noviembre de 2024, apenas se ha autorizado el retorno de un solo funcionario internacional, lo que ha afectado el monitoreo y la asistencia técnica en el país, reseña El Tiempo de Bogotá.
La respuesta del Estado venezolano no se hizo esperar. El Ministerio Público rechazó el informe por considerarlo una «agresión diplomática e injerencista», mientras que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, declaró persona non grata a Türk y a los integrantes de su oficina. En la misma sesión, los diputados aprobaron por unanimidad una solicitud al presidente Nicolás Maduro para que Venezuela se retire formalmente de la Acnudh mientras el diplomático austríaco permanezca en el cargo.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acusó a Türk de guardar silencio ante la presunta situación de 252 migrantes venezolanos «secuestrados» en El Salvador y 18 menores de edad «retenidos» en Estados Unidos, alegando un doble rasero en materia de derechos humanos.
La eventual expulsión de la Acnudh dependería ahora de una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que debería ordenar la salida del único representante aún presente en la oficina local. Así lo explicó Alí Daniels, abogado y coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, quien alertó que una salida definitiva afectaría el contacto directo de las víctimas con organismos internacionales, aunque la documentación de los casos podría continuar desde el exterior.
La Oficina del Alto Comisionado opera en Venezuela desde 2019, tras una visita de la entonces alta comisionada Michelle Bachelet. Desde entonces, ha servido como canal de registro y denuncia de violaciones a los derechos fundamentales en el país.
El informe más reciente del organismo —que abarca el período entre el 1° de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025— señala un incremento de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento digital y restricciones al espacio cívico, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue reelegido en medio de cuestionamientos y con el opositor Edmundo González exiliado en España.