El principal diplomático del gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, estaba supervisando un acuerdo para liberar a varios estadounidenses y a decenas de presos políticos recluidos en Venezuela, a cambio de enviar a ese país a unos 250 migrantes venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador.
Pero el acuerdo nunca se concretó.
En parte, la propuesta no se logró porque el enviado del presidente Trump a Venezuela estaba trabajando en su propio acuerdo, con unas condiciones que Venezuela consideraba más atractivas. A cambio de los presos estadounidenses, ofrecía permitir que Chevron continuara sus operaciones petroleras en Venezuela, una fuente vital de ingresos para su gobierno autoritario.
Las conversaciones, que incluían la liberación de unos 80 presos políticos venezolanos, y los dos acuerdos diferentes fueron descritos por dos funcionarios estadounidenses y otras dos personas familiarizadas con las conversaciones y que solicitaron el anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto.
El Departamento de Estado nunca cerró el trato. Los altos funcionarios estadounidenses no parecían comunicarse entre sí y terminaron enfrentados. Las aproximadamente 250 personas expulsadas de Estados Unidos siguen recluidas en una prisión de máxima seguridad de El Salvador. Y quedó claro que, aunque la Casa Blanca de Trump dijo que no tenía ningún control sobre los detenidos en El Salvador, estaba dispuesta a utilizarlos como moneda de cambio.
Ambas vías estadounidenses —una gestionada por Rubio y la otra dirigida por el enviado, Richard Grenell— implicaban hablar con el mismo representante venezolano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, según dijo un funcionario estadounidense y las otras dos personas.
Los esfuerzos diplomáticos contradictorios pusieron de manifiesto una división sobre cómo abordar el tema de Venezuela y se asemejaron al caos que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando funcionarios rivales se disputaban la influencia con el presidente. Pero la falta de coordinación dejó a los funcionarios venezolanos sin saber quién hablaba en nombre de Trump y, en última instancia, dejó encarcelados tanto a los estadounidenses como a los venezolanos.
La oferta de intercambiar migrantes venezolanos en El Salvador por prisioneros sigue sobre la mesa, dijo uno de los funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca no está dispuesta, por ahora, a prorrogar la licencia de Chevron en Venezuela.
Grenell declinó una solicitud de entrevista, pero dijo en un correo electrónico que la información de The New York Times sobre los acuerdos era falsa.
Una persona cercana a Grenell, conocedora de las conversaciones con Venezuela, dijo que él no creía que fuera a producirse un canje que implicara a los migrantes venezolanos porque creía que Trump nunca habría autorizado la liberación de los miembros de pandillas con acusaciones. La persona habló bajo condición de anonimato para proteger la naturaleza sensible de las negociaciones en curso.
Los colaboradores de Trump dijeron que no había tensión entre ninguno de los diplomáticos.
“No hay fracciones ni divisiones”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “El presidente tiene un solo equipo, y todos saben que él es quien toma las decisiones en última instancia”.
Estados Unidos está pagando millones de dólares al gobierno salvadoreño para detener a migrantes que, según el gobierno de Trump, son miembros de una pandilla venezolana, el Tren de Aragua, y de quienes dijo que fueron a Estados Unidos para cometer delitos.
Pero el gobierno de Trump ha aportado pocas pruebas de que los hombres sean miembros de las organizaciones delictivas, y sus abogados sostienen que sus detenciones son ilegales y se produjeron sin las debidas garantías procesales.
Las negociaciones sobre el canje, dirigidas por el Departamento de Estado y John McNamara, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá (Colombia), quien también supervisa los asuntos venezolanos, habían avanzado hasta el punto de que, en mayo, Venezuela se disponía a enviar un avión estatal a El Salvador para recuperar a los hombres, dijo una de las dos personas.
Al mismo tiempo, Estados Unidos planeaba enviar a Caracas, la capital venezolana, un avión utilizado normalmente para deportaciones con el fin de recoger a los presos políticos y a los estadounidenses. McNamara tenía previsto volar a Caracas para supervisar la entrega.
A los presos políticos venezolanos, muchos de los cuales fueron detenidos mientras protestaban por unas elecciones fraudulentas celebradas el año pasado, se les habría dado la opción de quedarse en Venezuela o irse a vivir a El Salvador, según una de las personas cercanas a las conversaciones.
El intercambio habría incluido a diversas personas que protestaron por los resultados de las elecciones de 2024 en Venezuela, entre ellas un hombre encarcelado por criticar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela en TikTok y un exalcalde detenido en agosto.
El acuerdo liberaría a 11 personas estadounidenses, entre los que estaban Lucas Hunter, quien fue detenido en enero, y Jonathan Pagán González, quien fue detenido el año pasado.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, insinuó por primera vez un acuerdo de este tipo a finales de abril. Sugirió en las redes sociales que un “acuerdo humanitario” intercambiaría a todos los migrantes venezolanos por estadounidenses bajo custodia venezolana y algunos venezolanos. En ese momento, los funcionarios venezolanos rechazaron públicamente la propuesta y exigieron que se devolviera a sus compatriotas “secuestrados”.
Mientras Rubio y McNamara se centraban en el canje de prisioneros, Grenell trabajaba en un acuerdo propio. Antes de presentárselo a los venezolanos, Grenell llamó al presidente Trump para hablarle de la oferta y creyó contar con su apoyo. Pero, en realidad, Grenell no había recibido la aprobación final del presidente, según uno de los funcionarios estadounidenses.
La Casa Blanca ya había tenido noticias de un grupo de republicanos de Florida, cubanoestadounidenses, que amenazaron con no apoyar el proyecto de ley fiscal y de política interior de Trump si el gobierno suavizaba las sanciones petroleras contra Venezuela. Los colaboradores de Trump creían que permitir a Chevron exportar petróleo de Venezuela pondría en peligro la agenda de política interior del país. Ahora que se ha aprobado el proyecto de ley, no está claro si los funcionarios gubernamentales cambiarán de opinión sobre la licencia de Chevron.
El intercambio organizado por el Departamento de Estado estaba previsto para finales de mayo. Ese mismo mes, Grenell viajó a Venezuela en otra misión en la quelogró la liberación de Joseph St. Clair, veterano de las Fuerzas Aéreas detenido en Venezuela.
Altos funcionarios del gobierno de Trump siguen considerando a Grenell como una persona valiosa en el gobierno, aunque algunos creen que actuó con demasiada rapidez —y sin la participación necesaria— en el episodio.
Grenell, según dijo la persona cercana a él, se sorprendió al enterarse del canje y es el único negociador autorizado en cualquier trato con Venezuela. Pero, desde ese episodio, Rubio ha tomado la iniciativa de hablar con los venezolanos, según dijo uno de los funcionarios estadounidenses.
Los gobiernos venezolano y salvadoreño no respondieron a la solicitud de comentarios.
Los familiares de algunos estadounidenses detenidos en Venezuela expresaron su frustración por el fracaso de los esfuerzos para conseguir su liberación.
Petra Castañeda, cuyo hijo, Wilbert Castañeda, un Navy SEAL de 37 años, fue detenido el año pasado en Venezuela, dijo: “La sensación que teníamos los padres era que había varias personas hablando, pero no trabajaban juntas: un negociador decía una cosa y otro decía otra”. Y agregó: “Uno pensaría que deberían estar debidamente coordinados”.
En el primer mandato de Trump, las autoridades estadounidenses intentaron derrocar a Maduro mediante sanciones, aislamiento diplomático y el apoyo a un presidente alternativo, un joven legislador. Rubio y otros republicanos cubanoestadounidenses siguen apoyando las sanciones y un enfoque aislacionista.
Pero, en el segundo mandato, Grenell ha expresado su voluntad de trabajar con el gobierno venezolano. Hizo su primer viaje a Caracas en enero, y consiguió la liberación de varios estadounidenses.
El gobierno de Maduro se ha pasado aproximadamente el último año acorralando a extranjeros en su territorio y encarcelándolos para utilizarlos en negociaciones con gobiernos extranjeros, según analistas de seguridad y grupos de derechos humanos.
Foro Penal, una asociación civil que de manera gratuita se dedica a la asistencia jurídica de personas detenidas arbitrariamente, afirma que en la actualidad hay 85 personas con ciudadanía extranjera detenidas injustamente en Venezuela, el mayor número que el grupo ha contabilizado nunca.
Aunque Grenell logró la liberación de seis estadounidenses en enero, y luego la de St. Clair en mayo, muchos más ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes permanecían bajo custodia venezolana o habían sido capturados recientemente.
El acuerdo que el Departamento de Estado había estado preparando con Venezuela incluía severas advertencias que sugerían graves consecuencias si se capturaban más prisioneros después del canje, según dijo una de las personas consultadas.
Jetzy Arteaga, cuyo hijo, Carlos Cañizales Arteaga, está detenido en El Salvador desde marzo tras emigrar a Carolina del Norte, dijo que estaba ansiosa por la posibilidad de que se reactivara el acuerdo.
“Al principio, cuando oímos que nuestros hijos estaban siendo utilizados como moneda de cambio, eso nos ofendió mucho”, dijo Cañizales Arteaga. “Nuestros hijos no son moneda de cambio. Pero ahora nos damos cuenta de que no hay otra opción”.