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Para el gobierno estadounidense, enviar a una prisión de El Salvador a los deportados que son acusados de formar parte de pandillas delictivas es una acción que cumple con la promesa del presidente Donald Trump de deportar agresivamente a los migrantes indocumentados y tomar medidas enérgicas contra la delincuencia.

Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las recompensas parecen haber incluido, entre otras cosas, una visita a la Casa Blanca y una calificación de seguridad en los viajes a su país que es superior a la de Francia.

Aunque no se han hecho públicos los términos exactos del acuerdo, es posible que otros dirigentes de todo el mundo estén atentos, según afirman los expertos y los abogados especializados en migración, especialmente mientras el gobierno de Trump busca otros países dispuestos a acoger a migrantes expulsados de otras nacionalidades.

Un miembro de la policía nacional civil vigilaba las celdas en las que están los presos en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de Tecoluca, El Salvador, en marzo.Credit…Fred Ramos para The New York Times

“Otros dirigentes y países están tratando de emular el acuerdo de Bukele”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director de Lawyers for Civil Rights, grupo con sede en Boston que ha representado a migrantes en demandas contra el gobierno de Trump. Los países “levantan cada vez más la mano para ofrecer voluntariamente sus instalaciones de encarcelamiento y facilitar la deportación de personas”, añadió.

Una portavoz de la Casa Blanca ha dicho que el gobierno está “agradecido por la colaboración del presidente Bukele” y por el uso de su prisión de máxima seguridad. Y añadió: “No hay mejor lugar para estos criminales enfermos e ilegales”.

Una investigación de The New York Times descubrió que Estados Unidos no solo le pagó al gobierno de Bukele unos 5 millones de dólares para encarcelar a más de 200 deportados venezolanos, sino que añadió una prima a petición suya: la devolución a El Salvador de varios altos dirigentes de la MS-13 bajo custodia estadounidense, algunos de los cuales se cree que tenían conocimiento de los vínculos de Bukele con la pandilla.

Las autoridades estadounidenses han encontrado pruebas sustanciales de negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y dirigentes de la MS-13, y algunos expertos afirman que Bukele podría querer enterrar esas pruebas. El mandatario negó haber pactado con la pandilla, y su gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.

En abril, el Departamento de Estado elevó la recomendación de viajes a El Salvador a su máxima calificación, citando un “descenso de los delitos violentos y los asesinatos”.

La mejora de la calificación —superior a la de Francia— refleja un giro espectacular para un país que llegó a tener una alta tasa de homicidios y “problemas significativos en materia de derechos humanos”, según afirmó el Departamento de Estado en 2023.

La mejora se produjo poco después de que El Salvador recibiera a los deportados de Estados Unidos, y después de que Bukele se reuniera con Marco Rubio, el secretario de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reunido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su residencia del lago Coatepeque, El Salvador, a principios de este año.Credit…Foto de consorcio por Mark Schiefelbein

Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, dijo que “no hay duda” de que Bukele quería la mejora. Afirmó que cualquier gobierno “preferiría una calificación que dijera que es seguro viajar” a ese país.

Bukele, quien espera que el turismo impulse la economía, pregonó la noticia y promocionó un nuevo destino de surf.

“Acaba de recibir la estrella de oro de los viajes del Departamento de Estado: nivel 1: el más seguro”, dijo.

El gobierno de Trump puso fin recientemente a las protecciones contra la deportación para inmigrantes de países como Haití, Venezuela, Afganistán, Honduras y Nicaragua.

Pero los migrantes salvadoreños siguen teniendo el Estatus de Protección Temporal, que protege a unas 200.000 personas de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Los privilegios duran hasta principios de septiembre.

Los expertos afirman que ese estatus hace que Bukele gane puntos políticos en su país, donde las remesas de los familiares residentes en Estados Unidos son vitales para la economía.

En los últimos meses, el gobierno de Bukele ha reprimido aún más las libertades civiles, atacando a grupos de la sociedad civil, deteniendo a críticos y obligando a huir a algunos periodistas destacados.

Ruth López, destacada abogada salvadoreña conocida por acusar públicamente al gobierno del presidente Nayib Bukele de corrupción y prevaricación, fue detenida por las autoridades en mayo.Credit…Fred Ramos para The New York Times

Y mientras la Unión Europea condenaba una nueva ley que otorgaba a su gobierno amplios poderes para silenciar a los disidentes, el gobierno estadounidense permaneció callado.

En cambio, el Departamento de Estado acreditó en abril que El Salvador protegía la libertad de prensa y reforzaba el Estado de derecho.

Tras la llegada de los deportados a El Salvador, Trump recibió a Bukele en el Despacho Oval, halagándolo mientras lo llamaba “Presidente B”.

La cooperación de Bukele —y sus imágenes de deportados con grilletes entrando en una prisión construida para terroristas— también generó revuelo, lo que el presidente salvadoreño ha explotado en su beneficio.

La semana pasada, discutió en internet con un diseñador de moda en cuyo desfile de París aparecían modelos con trajes parecidos a los que usaban los deportados.

Bukele también se ha convertido en un ejemplo para otros gobiernos, generando al menos un acuerdo, entre El Salvador y Costa Rica, para reproducir allí su prisión de alta seguridad.

El acuerdo de encarcelar a los deportados de Estados Unidos ha suscitado el escrutinio a Bukele, según Douglas Farah, experto en El Salvador que asesoró a un grupo de trabajo del Departamento de Justicia dedicado a la MS13.

Los familiares han pedido la liberación de muchos de los deportados venezolanos, afirmando que sus parientes no tienen antecedentes penales. Los legisladores demócratas han exigido respuestas sobre el acuerdo. Un deportado retornado ha dicho que fue maltratado bajo custodia salvadoreña.

Bukele ha negado esas acusaciones. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, dijo recientemente. “Prefiero que me llamen ‘dictador’ a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.

Farah dijo que el acuerdo ha generado tensiones. “Bukele no había pensado en lo que esto implicaría para el mundo exterior y para su propio pueblo”, dijo. Por primera vez la imagen de Bukele como salvador de su país se enfrenta a una “contrapresión”, añadió.