La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su profunda preocupación por el «hostigamiento, sanciones y suspensión profesional» que, asegura, ha sufrido la abogada venezolana María Alejandra Díaz. La denuncia, hecha pública por la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, vincula estas acciones a la exigencia de transparencia electoral por parte de Díaz.
Según la información difundida por el Programa Venezolano de Educación – Acción de Derechos Humanos (Provea) en la red social X, Satterthwaite manifestó su «grave preocupación» por lo que considera una sanción «impuesta sin base legal clara, con un procedimiento opaco y sanciones desproporcionadas». Entre las medidas denunciadas se encuentran una multa económica, la suspensión del ejercicio profesional de Díaz y la apertura de un proceso disciplinario sin acceso a la sentencia.
El origen de este presunto hostigamiento radica en el acompañamiento de la abogada a un amparo que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación desagregada de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Este hecho se suma a un panorama de creciente tensión en el país en torno a la transparencia de los procesos electorales.
Satterthwaite advirtió que el caso de María Alejandra Díaz «parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos». Esta afirmación subraya una inquietud recurrente de organismos internacionales sobre el uso del sistema judicial en Venezuela para, según ellos, «castigar la disidencia y la falta de garantías».
Díaz, quien fuera vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 y que en la actualidad se ha mostrado crítica con el actual gobierno, ha denunciado previamente «presiones y amenazas, incluyendo la detención de familiares» en un aparente intento de forzar su entrega a las autoridades.
La situación se agrava por la falta de respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a la comunicación oficial enviada por la ONU en mayo. Tras 60 días sin contestación, la misiva fue publicada siguiendo el protocolo de transparencia de la organización, dejando en evidencia el silencio oficial ante las serias acusaciones. Este escenario contribuye a la creciente preocupación internacional por el estado de los derechos humanos y la independencia judicial en Venezuela.