Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana de derechos humanos y directora de la ONG SurGentes, fue excarcelada este 13 de agosto de 2025 en Caracas tras seis días de detención. Su arresto estuvo relacionado con acusaciones de “incitación al odio”, “conspiración con gobierno extranjero” y “asociación para delinquir”.
La liberación, confirmada por su esposo Antonio González, se da en forma de una medida sustitutiva que no interrumpe el proceso judicial en su contra. Grajales había sido detenida el 8 de agosto durante una manifestación frente a las Naciones Unidas, donde se exigía la liberación de detenidos tras las protestas poselectorales de julio.
González informó que la excarcelación ocurrió aproximadamente anoche cerca de las 9:00 pm y calificó el proceso judicial como “arbitrario”. La Fiscalía chavista ha indicado que Grajales enfrenta cargos con penas que podrían llegar hasta 30 años de prisión, basándose en su supuesta implicación en acciones contra “las instituciones venezolanas y la paz de la República”.
La detención de Grajales ocurre en un contexto de represión de protestas tras las elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, que han sido impugnadas por la oposición y la comunidad internacional. Según cifras oficiales, estas movilizaciones dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales alrededor de 2.000 ya han sido excarcelados.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó la “liberación inmediata” de la activista y exigió que su familia y abogado fueran informados sobre su situación. Grajales ha sido un rostro visible en las protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, grupo que reúne a familiares de detenidos tras las manifestaciones, y que denuncia la falta de garantías en los procesos judiciales.
El presidente Maduro, por su parte, ha acusado a diversas ONG que defienden a presos políticos de recibir financiamiento extranjero y tildó a algunos detenidos de “terroristas”, sugiriendo que son responsables de la violencia en el país. La figura de “incitación al odio” fue introducida en el marco legal venezolano en 2017 a través de la Ley contra el Odio, la cual ha sido criticada internacionalmente por su amplio alcance y uso para reprimir opiniones políticas.
SurGentes ha documentado casos de detenciones arbitrarias, tortura y juicios sin debido proceso en Venezuela, y ha trabajado para visibilizar estas violaciones ante organismos internacionales. El proceso judicial contra Grajales es uno de muchos que enfrenta activistas y defensores de derechos humanos en el país, en un contexto donde organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado sobre un aumento en las restricciones y la posible persecución penal a quienes denuncian abusos del estado.
La fecha de la próxima audiencia contra Grajales aún no ha sido confirmada. Su defensa ha declarado que seguirá asistiendo a las citaciones judiciales, a la espera de una decisión del tribunal que podría establecer un precedente en la defensa de los derechos humanos y la protesta social en Venezuela.