Por José Luis Centeno S.
Medir derechos humanos en emergencias: herramienta vital contra desigualdades.
En los tiempos convulsos que vivimos, donde las crisis se vuelven cada vez más frecuentes, sea el cambio climático, desastres naturales, crisis migratorias o emergencias socioeconómicas, la necesidad de medir y evaluar con rigor y humanidad cómo se gestionan estas situaciones es ineludible.
En este contexto, la aplicación de indicadores de derechos humanos para la gestión de contextos críticos y de emergencia emerge como una herramienta esencial. No solo para visibilizar las profundas desigualdades estructurales que se agudizan en estos momentos, sino también para fortalecer la justicia social y asegurar la protección integral de las poblaciones más vulnerables.
Cuando pensamos en indicadores, muchas veces imaginamos números, estadísticas frías y distantes que poco dicen sobre la experiencia real de las personas. Sin embargo, estos indicadores, elaborados desde un enfoque de derechos humanos, son mucho más que concisas cifras.
Los indicadores de derechos humanos para la gestión de contextos críticos y de emergencia incorporan dimensiones cualitativas y cuantitativas, hechos concretos y percepciones sociales, opiniones, narrativas y juicios que dan cuenta no sólo del “qué ocurre” sino del “cómo se siente y se vive” esa realidad.
Este enfoque supera la limitación de las mediciones tradicionales, porque reconoce que las crisis no son eventos aislados: visibilizan y profundizan vulnerabilidades preexistentes que en muchos casos afectan de forma desigual a comunidades ya marginadas.
Por ejemplo, estos indicadores permiten observar cómo políticas públicas en contextos críticos pueden estar incorporando o, por el contrario, obviando la perspectiva de género, la atención a pueblos indígenas o las necesidades específicas de niños en situación de discapacidad y/o de calle.
Las crisis son ecos amplificados de las injusticias sociales históricas. Por ello, manejar una metodología que permita mediar con rigor las distintas manifestaciones de derechos humanos es clave para desmontar discursos que invisibilizan o banalizan la desigualdad.
Por ejemplo, al medir cuántas mujeres y niñas tienen acceso a refugios adecuados en desastres naturales o cómo se respeta la participación de las poblaciones afectadas en la toma de decisiones, podemos detectar no solo falencias, sino también fortalezas y oportunidades para corregir el rumbo en tiempo real.
Bajo este enfoque, existen indicadores basados en hechos que permiten registrar y verificar de forma objetiva cuestiones como la dotación de recursos, la existencia de normativas o la disponibilidad de servicios esenciales.
También, y esto es crucial, concurren los indicadores basados en juicios, que permiten captar el clima social, las experiencias subjetivas, las percepciones sobre la asistencia recibida y la presencia de discursos de odio o discriminación que a simple vista no se registran en los números.
Esta combinación de indicadores basados en hechos y juicios, constituye un aporte poderoso para leer la complejidad social y no quedarnos en la superficie.
En suma, medir solo el “qué” sin considerar el “cómo” y el “para quien”, es quedarse a medias. Los indicadores de derechos humanos permiten dignificar esa experiencia humana que subyace a las políticas públicas, reconocer la diversidad y pluralidad de las personas afectadas y observar la realidad desde una mirada interseccional que conecta todas esas aristas.
Más allá de la medición, estos indicadores son instrumentos para la acción, al generar información que facilita la corrección inmediata de políticas y programas, especialmente en contextos de emergencias donde el tiempo es vital; de igual modo, por abrir las puertas para que las poblaciones afectadas sean sujetos activos dentro de las políticas.
Así las cosas, uno de los mayores retos en la gestión de contextos críticos y de emergencias es superar las retóricas permeadas por intereses políticos, prejuicios o narrativas excluyentes.
En ese sentido, los indicadores de derechos humanos, fundamentados en estándares internacionales y en acuerdos multilaterales, proveen un marco objetivo y legítimo. No son opiniones individuales ni discursos partidarios, sino herramientas basadas en normativas claras que exigen responsabilidad y coherencia a los Estados.
La riqueza de esta metodología es su flexibilidad. No existe un checklist único ni un modelo rígido para aplicar. Estos indicadores se adaptan al contexto, a la población, al tipo de crisis y a las especificidades territoriales o culturales. Constituyen, valga la expresión, una caja de herramientas multidimensional para construir observaciones detalladas y contextualizadas.
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