En Venezuela, las criptomonedas han pasado de ser un tema de nicho a un instrumento fundamental frente al colapso del bolívar y las restricciones impuestas al mercado cambiario. Negocios de todo tipo, desde pequeños comercios familiares hasta cadenas nacionales, aceptan pagos en Usdt y otras stablecoins, y algunas empresas incluso utilizan estas monedas digitales para pagar a sus empleados.
La Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, ha incorporado recientemente un curso sobre criptomonedas, reflejando el interés académico y profesional en este sector.
Según datos de Chainalysis, el uso de criptomonedas en Venezuela creció un 110% en los últimos 12 meses, situando al país en el puesto 13 a nivel mundial en adopción de monedas digitales.
Este aumento se ha acelerado desde que el gobierno dejó de defender al bolívar y la moneda nacional perdió más del 70% de su valor entre octubre de 2023 y junio de 2024, mientras que la inflación anual alcanzó el 229% en mayo, según el Observatorio Financiero Venezolano (OVF).
Economistas como Aarón Olmos señalan que los venezolanos recurren a las criptomonedas por necesidad, como una forma de proteger sus ingresos frente a la inflación, los bajos salarios y la imposibilidad de abrir cuentas bancarias. El propio gobierno ha tenido una relación intermitente con el sector, promoviendo en 2018 el petro, pero cerrando reguladores y persiguiendo plataformas de intercambio tras irregularidades.
A pesar de los desafíos, incluyendo sanciones internacionales y limitaciones de infraestructura, comerciantes como Gabriel Santana y Masiel Bronco destacan que usar criptomonedas es ahora esencial para competir en el mercado y mantener la liquidez, incluso si implica pequeñas pérdidas por conversión frente a la devaluación del bolívar. Así, en medio de la crisis económica, se está consolidando una comunidad cada vez más crítica y activa en torno a las monedas digitales, que buscan ser un refugio seguro y una herramienta para proteger el poder adquisitivo.