Más de medio siglo después de que Estados Unidos declarara una “guerra contra las drogas”, la administración de Donald Trump ha dado un giro drástico: sus fuerzas armadas han comenzado a emplear ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, transportaban droga desde Venezuela hacia el país norteamericano. Según el reporte de BBC Mundo, el presidente norteamericano aseguró que en el primer episodio del mes murieron 11 personas y que un segundo ataque, ocurrido este mes, dejó tres muertos; además afirmó que ya se han atacado tres botes en total.
La Casa Blanca difundió videos en redes sociales donde se ven embarcaciones estallando en llamas; sin embargo, la administración no ha presentado públicamente pruebas concluyentes que vinculen a las tripulaciones con carteles o con el supuesto apoyo directo del gobierno venezolano. De acuerdo con The Washington Post, esa falta de transparencia ha alimentado dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad de las operaciones.
Críticos y juristas apuntan a dos preocupaciones principales. Primero, advierten que las operaciones podrían equivaler a ejecuciones sumarias si se emplea fuerza letal sin intentar la captura o sin custodiar a posibles sobrevivientes. Segundo, alertan que el Ejecutivo está reinterpretando herramientas legales y militares —hasta ahora usadas contra combatientes en escenarios de guerra— para aplicarlas contra redes criminales, una práctica que podría exceder los límites constitucionales y del derecho internacional. Esa crítica ha sido expresada por académicos y exasesores legales consultados por medios y foros especializados, refiere Al Jazeera.
En Washington, la respuesta oficial mezcla la argumentación sobre seguridad nacional y la necesidad de frenar la crisis de sobredosis en EE. UU. —una tragedia que las autoridades señalan como una de las razones para endurecer la postura—.
Altos cargos, incluido el secretario de Estado y el secretario de Defensa, han caracterizado a ciertos grupos criminales como “narcoterroristas” y han defendido el uso de la fuerza para desmantelar esas redes. Asimismo, legisladores y funcionarios han subrayado que la interdicción tradicional —la captura y el decomiso en el mar—, en su opinión, ha resultado insuficiente, agrega The Washington Post.
Escalada que preocupa a vecinos
En el plano regional, la escalada preocupa a gobiernos vecinos. El presidente colombiano y otros mandatarios han cuestionado la jurisdicción y la legalidad de los ataques, y Caracas ha denunciado que se trata de agresiones que podrían buscar presionar políticamente al gobierno de Nicolás Maduro. Observadores internacionales ven además el riesgo de que la acción militar estadounidense desestabilice rutas y dinámicas criminales, y genere más violencia al fragmentar liderazgos locales en lugar de erradicarlos, señala France 24.
Expertos en seguridad alertan que la militarización directa no resuelve las causas estructurales del narcotráfico: la complejidad y fragmentación de las redes, la capacidad de producir fármacos sintéticos en laboratorios pequeños y las ganancias gigantescas que hacen al negocio altamente resiliente. Algunas investigaciones muestran que medidas exclusivamente represivas pueden ser, cuando menos, de efecto limitado y, cuando más, contraproducentes, al generar vacíos de poder y nuevas espirales de violencia.
El cambio de estrategia también plantea un desafío político interno en EE. UU.: legisladores de ambos partidos han pedido explicaciones sobre la base legal de las operaciones y exigen un informe a la Presidencia y al Pentágono. Organizaciones de derechos humanos y analistas piden mayor supervisión y transparencia para evitar abusos y prevenir una escalada internacional, publica Reuters.
Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que las acciones son legítimas y necesarias para proteger a los estadounidenses. Para muchos en la región, sin embargo, la decisión marca el inicio de una fase mucho más agresiva de la vieja guerra contra las drogas —una guerra que, según los críticos, ha fracasado en sus objetivos centrales y ha dejado a su paso altos costos humanos y políticos—.