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El gobierno de Estados Unidos concedió una nueva autorización a la petrolera Shell y a Trinidad y Tobago para avanzar en el desarrollo del yacimiento de gas Dragón, ubicado en aguas venezolanas cercanas a la frontera marítima, informó el fiscal general trinitense, John Jeremie.

El proyecto, que busca abastecer a Trinidad con gas venezolano, había enfrentado retrasos por los cambios en la política de sanciones de Washington hacia Caracas, vigente desde 2019. Las empresas extranjeras que operan en Venezuela requieren licencias especiales para realizar acuerdos con la estatal Pdvsa.

En abril pasado, la administración Trump había revocado las licencias otorgadas durante el gobierno de Joe Biden al proyecto Dragón, operado por Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, así como a un plan similar de BP. Ambos se consideran esenciales para mantener el flujo de gas hacia las plantas de gas natural licuado (GNL) y la industria petroquímica trinitense.

Shell completó recientemente un estudio marino en la zona del yacimiento, lo que permitirá definir los puntos de perforación y el trazado del futuro ducto.

La nueva autorización, emitida el miércoles, contempla tres fases. En la primera, Shell y Trinidad podrán negociar con Pdvsa hasta abril de 2026, siempre que se garantice la participación de empresas estadounidenses.

«Hay que alcanzar objetivos comerciales para las empresas de Estados Unidos. Son metas razonables», afirmó Jeremie, sin detallar los términos financieros.

Las licencias anteriores prohibían pagos directos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que las partes habían negociado esquemas de intercambio que permitirían a Venezuela recibir bienes esenciales, como alimentos y medicinas, a cambio del gas.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó en septiembre su respaldo a la propuesta de Trinidad, asegurando que el acuerdo no representará un beneficio significativo para el gobierno de Maduro.

El campo Dragón cuenta con reservas probadas de 4,2 billones de pies cúbicos de gas, lo que lo convierte en uno de los yacimientos más grandes de Venezuela y una fuente potencial de ingresos futuros para ambas naciones. Ante la caída de su propia producción, Trinidad considera este proyecto clave para sostener sus exportaciones de GNL y su industria petroquímica.