La suspensión de vuelos hacia Venezuela no es un hecho aislado ni meramente técnico. Detrás de cada avión que deja de despegar o aterrizar se esconden historias humanas, decisiones políticas y realidades económicas que afectan directamente a miles de familias.
Los aeropuertos se convierten en escenarios de incertidumbre: estudiantes que no pueden regresar a sus universidades, trabajadores que ven truncados sus proyectos, familias que esperan reencontrarse y se topan con la barrera invisible de la burocracia y la geopolítica. La suspensión de vuelos es, en esencia, una suspensión de derechos: el derecho a la movilidad, al reencuentro, al comercio justo y a la dignidad de los migrantes.
No podemos reducir este fenómeno a simples “razones operativas”. La verdad es que detrás de cada anuncio de suspensión hay intereses cruzados:
- Políticos, cuando las tensiones diplomáticas se traducen en restricciones de conectividad.
- Económicos, cuando las aerolíneas alegan falta de rentabilidad o trabas para repatriar ingresos.
- Sociales, porque la migración masiva y la crisis interna del país generan un flujo de pasajeros que incomoda a ciertos gobiernos y empresas.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién paga el costo de estas decisiones? La respuesta es clara: lo paga el ciudadano común, el que no tiene poder de negociación, el que solo quiere viajar para abrazar a los suyos o cumplir con sus deberes.
Suspender vuelos hacia Venezuela es suspender puentes. Y cuando se suspenden los puentes, se alimenta la soledad, la desesperanza y el aislamiento. Por eso, más allá de las cifras y los comunicados oficiales, este tema exige una mirada ética: ¿qué tan justo es castigar a un pueblo por las decisiones de sus gobernantes o por las disputas de las aerolíneas?
Y surge otra pregunta inevitable: ¿qué trampa traman para seguir perjudicando a uno de los países con mayores reservas de minerales del planeta? Porque detrás de cada restricción de movilidad puede esconderse un intento de aislar, debilitar y controlar a una nación que posee recursos estratégicos para el futuro energético y tecnológico del mundo.
La conectividad aérea no es un lujo, es un derecho contemporáneo. Defenderla es defender la posibilidad de que Venezuela siga siendo parte del mundo y no quede atrapada en un aislamiento que solo profundiza la crisis.
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