Robert Alvarado
“A veces damos el nombre de favor a la justicia, y creemos de muy buena fe que fuimos buenos y generosos cuando no hemos sido más que justos.” Concepción Arenal
Es impactante observar cómo muchas personas permanecen privadas de libertad siendo inocentes, no por falta de defensa, sino por las desventajas que enfrentan durante el proceso judicial. En términos jurídicos, esta lamentable y reprochable situación se conoce como “pena de banquillo”, que describe la tensión, el estigma y la incertidumbre alto prolongada que vive una persona acusada de un delito o varios delitos, desde la investigación hasta el juicio, aun cuando sea inocente o no sea posible atribuirle responsabilidad penal alguna. Por si fuera poco, conlleva costos económicos, desgaste personal y la pretendida pérdida de reputación. Este fenómeno se evidencia en la situación de Rolando, Otoniel y Juan Guevara, condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, muerto por efecto de un bombazo fulminante.
A quienes se conoce como “los hermanos Guevara”, cuando en realidad son primos, ex funcionarios policiales de reconocida y dilatada trayectoria, fueron sentenciados en diciembre de 2005, por el homicidio de Anderson ocurrido en noviembre de 2004. Desde entonces, su caso ha suscitado controversias, recibiendo atención mediática durante años. A lo largo del proceso, ellos y sus defensores denunciaron montajes, específicamente violaciones a sus derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias, que según expertos constituyen, sin lugar a dudas, delitos de lesa humanidad. En cuanto al juicio, se señalaron irregularidades graves como la manipulación de pruebas y la inclusión de testimonios cuestionados, en particular el del denominado “testigo estrella”, Giovanny Vásquez, cuyo testimonio no sólo fue cuestionado sino evidenciado como una manipulación por parte del Ministerio Público, algo que confirmó el mismísimo Vásquez, supuestamente arrepentido de su deplorable proceder.
La condena definitiva contra Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara, quien este 23 de noviembre cumplieron 21 años privados de libertad injustamente, se sustentó en el testimonio controvertido y poco confiable del “testigo estrella”, junto con llamadas telefónicas anónimas fraudulentas y documentos cuya autenticidad ha sido desvirtuada ampliamente. El fallo judicial los responsabilizó como cómplices en un homicidio calificado con incendio, sin precisar el grado individual de participación de cada uno de ellos (algo por lo demás imposible de hacer en el contexto de vida y desempeño profesional de estos tres destacados funcionarios policiales). Esta figura jurídica de complicidad se aplica precisamente cuando no se puede determinar el rol exacto y la responsabilidad específica de cada acusado dentro del hecho delictivo, generando una grave situación de indefensión para ellos a lo largo de más de dos décadas.
Durante 21 años, “los hermanos Guevara” y su defensa, que se ha reducido al tesón y coraje de una gran profesional del Derecho, la Doctora Jackeline Sandoval, han denunciado reiteradamente violaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo torturas, tratos crueles y, recientemente, el desconocimiento de su paradero tras traslados arbitrarios. A pesar de sus continuas alegaciones y solicitudes de justicia, no han obtenido respuesta favorable en los tribunales ni se ha anulado el proceso plagado de irregularidad. No obstante, en el plano internacional, la acción de organismos como la CIDH, Corte IDH y la ONU apunta a dejar por sentado el cuadro de graves violaciones de derechos humanos existentes en este caso.
Así las cosas, este caso ejemplifica cómo sin pruebas contundentes se puede condenar a personas inocentes. Pero en medio de esta realidad que pudiera parecer desoladora, en el lugar donde cumplen condena, también donde se encontraban antes, los Guevara han encontrado solidaridad entre los internos, en su mayoría, inocentes, como ellos, cultivando lazos de camaradería que trascienden no sólo diferencias sociales y políticas, sino también los muros de la prisión, extendiéndose a sus familiares. Han compartido momentos junto a personas de variados orígenes, demostrando que, tras las rejas, la fraternidad supera las divisiones. Esta convivencia ha favorecido la unión familiar entre las personas privadas de libertad por motivaciones políticas, creando en medio de la adversidad un sentimiento de comunidad que hizo menos pesada la incertidumbre que vivieron a partir de agosto de 2025 motivado a “traslados arbitrarios y sin notificación oficial”.
21 años de prisión injusta, una constante dolorosa en la vida de “los hermanos Guevara”, un tiempo irrecuperable que los ha separado de sus seres queridos, pero que no les ha impedido ejercer un papel positivo en sus familias. A pesar de esta realidad dura y de las condiciones adversas en las cárceles, su familia se ha mantenido unida con amor y voluntad. Esta fortaleza familiar representa un testimonio de resistencia y esperanza frente a la injusticia y la pesadumbre prolongada que padecen Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara. Así las cosas, la lucha de estos primos y sus familias es un llamado a la justicia y al respeto escrupuloso de los derechos humanos en Venezuela.
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