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El mayor control ejercido por Estados Unidos sobre las exportaciones petroleras de Venezuela amenaza con reducir de forma significativa la producción de crudo del país, afectando una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el impacto de esta presión será limitado en el mercado petrolero internacional, que actualmente se encuentra bien abastecido.

La reciente incautación por parte de la Guardia Costera estadounidense de un superpetrolero que transportaba crudo venezolano hacia Cuba marcó un nuevo escalón en la estrategia de Washington contra Caracas. Esta acción coincide con el refuerzo de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y con nuevas sanciones impuestas a familiares del mandatario venezolano, así como a petroleros y empresas navieras vinculadas al comercio de crudo del país.

Estados Unidos también se prepara para interceptar más embarcaciones que transporten petróleo venezolano, especialmente aquellas que forman parte de la denominada “flota oscura”, compuesta por buques sancionados, sin seguros o fuera de regulaciones internacionales. De acuerdo con datos analizados por Reuters, al menos una docena de estos tanqueros ya se encuentran dentro de la zona económica exclusiva de Venezuela y enfrentan riesgo de incautación.

Las consecuencias de esta presión ya comienzan a reflejarse en la industria petrolera venezolana. Tras alcanzar en septiembre exportaciones superiores al millón de barriles diarios, su mayor nivel desde 2019, los envíos de crudo se encaminarían a una fuerte caída en diciembre, hasta unos 702.000 barriles por día, según la firma Kpler.

Paralelamente, compradores asiáticos estarían exigiendo mayores descuentos para compensar los riesgos asociados al comercio con Venezuela. A esto se suma una reducción en la producción, que en noviembre habría caído en torno a 150.000 barriles diarios hasta ubicarse en 860.000 bpd, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, tras varios meses por encima del millón de barriles diarios.

La disminución de las exportaciones aumenta el riesgo de acumulación de inventarios, lo que podría obligar a recortar aún más la producción. Además, el endurecimiento de las sanciones podría dificultar las importaciones de nafta y diluyentes, insumos esenciales para procesar el crudo pesado venezolano.

Más de dos tercios del petróleo que produce Venezuela es de tipo pesado, cuya extracción y transporte dependen del uso de nafta para reducir su viscosidad. Aunque el país cuenta con refinerías capaces de producir este insumo, el deterioro de estas instalaciones ha hecho que PDVSA dependa en gran medida de las importaciones. Según Kpler, las compras de nafta y productos químicos caerían a 39.000 bpd en diciembre, frente a 54.000 bpd en noviembre y 89.000 bpd en octubre.

A pesar de este escenario, la producción venezolana no se detendría por completo. La administración del presidente Donald Trump otorgó a Chevron una licencia especial que le permite mantener sus operaciones en empresas mixtas de la Faja del Orinoco, las cuales producen alrededor de 250.000 barriles diarios. Parte de ese crudo es exportado directamente a refinerías estadounidenses en la costa del Golfo.

En conjunto, Reuters estima que la producción petrolera venezolana podría reducirse entre 300.000 y 500.000 barriles diarios como resultado de las restricciones. No obstante, este descenso tendría un efecto limitado en el mercado global, ya que la oferta podría ser compensada por un aumento de la producción en regiones como Canadá y el Golfo de México.

A largo plazo, un eventual cambio político que conduzca al levantamiento de las sanciones podría impulsar una rápida recuperación del sector energético venezolano, respaldada por las mayores reservas de crudo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles.