La economía venezolana vuelve a mostrar señales de fuerte deterioro, impulsada por un nuevo repunte inflacionario que coincide con el endurecimiento de las medidas de presión financiera aplicadas por Estados Unidos contra el gobierno venezolano.
Un indicador alternativo elaborado por Bloomberg News refleja que los precios han escalado de forma acelerada en los últimos meses. La inflación anualizada se ubica actualmente en 556%, un salto considerable frente a los niveles registrados a mediados de año y muy por encima de los datos observados en 2024.
Aunque este índice se construye a partir del seguimiento semanal del precio de un solo producto de consumo cotidiano en Caracas, una taza de café, se ha convertido en una referencia clave ante la ausencia de estadísticas oficiales. Venezuela dejó de publicar cifras macroeconómicas regulares hace más de una década, lo que obliga a analistas y medios a recurrir a mediciones indirectas para evaluar el comportamiento de los precios.
El repunte inflacionario ocurre en un contexto de creciente tensión política y económica. En los últimos meses, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado su estrategia de aislamiento contra el Ejecutivo venezolano, con medidas que apuntan directamente a limitar el flujo de ingresos en divisas.
Entre las decisiones más recientes figura la orden de bloquear buques petroleros sancionados que operen en rutas vinculadas a Venezuela, una acción que amenaza con afectar la principal fuente de financiamiento del Estado: la exportación de crudo. Desde Washington se ha advertido que el impacto de estas restricciones será severo.
Pese a este deterioro, el efecto de la inflación no se siente de manera uniforme en toda la población. La dolarización informal de la economía ha permitido que una parte significativa del sector privado reciba ingresos y realice transacciones en moneda extranjera, lo que atenúa la pérdida de poder adquisitivo frente al bolívar.
Sin embargo, el panorama es distinto para empleados públicos, jubilados y otros sectores que dependen exclusivamente de salarios y pensiones en moneda local. Para ellos, el alza de precios representa un nuevo golpe en una crisis prolongada que ha erosionado las condiciones de vida y ha impulsado la migración de millones de venezolanos en la última década.