El Gobierno venezolano condenó este sábado la reciente incautación de un buque que transportaba petróleo venezolano, una operación atribuida a Estados Unidos y que representa el segundo caso similar registrado en el mar Caribe en menos de dos semanas. Para Caracas, se trata de una acción ilegal ejecutada en un contexto de presencia militar estadounidense sostenida en la región desde agosto.
A través de un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo calificó el procedimiento como un “acto de piratería”, al tiempo que denunció la retención irregular de la tripulación, situación que describió como una desaparición forzada. Según el comunicado, la operación constituye una violación grave de normas internacionales.
Las autoridades venezolanas advirtieron que emprenderán medidas diplomáticas y legales en respuesta a lo ocurrido. Entre las acciones anunciadas figura la presentación del caso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como ante otros foros multilaterales y gobiernos aliados.
En su mensaje, el Gobierno sostuvo que este tipo de acciones responden a una estrategia de presión que calificó de colonialista y aseguró que no tendrá éxito. Reiteró además que el derecho internacional prevalecerá y que quienes estén involucrados en estos hechos deberán rendir cuentas por sus actuaciones.
Finalmente, Caracas insistió en que continuará defendiendo su soberanía y sus intereses nacionales frente a lo que considera prácticas ilegales en aguas del Caribe, reafirmando su disposición a llevar el caso a instancias internacionales.
