Han transcurrido tres semanas largas, veintidós días que pesan como una losa sobre el alma de Venezuela y reverberan con fuerza en la conciencia internacional. Veintidós días desde que el Presidente Nicolás Maduro fue arrancado de la escena pública en un acto de violencia que hemos condenado desde el primer instante: un secuestro.
Tres semanas en las que el país, más allá de las profundas y legítimas diferencias políticas, ha contado las horas con un nudo en la garganta. No se trata aquí de una figura política más o menos apoyada; se trata del Presidente constitucional en ejercicio, cuya desaparición forzada constituye un ataque directo a las instituciones del Estado, por frágiles que estas sean, y a la soberanía nacional. Es un golpe que no se asesta contra un hombre solo, sino contra el orden republicano.
Este lapso ha dejado al descubierto las terribles vulnerabilidades de nuestra arquitectura estatal. El vacío de poder, parcialmente suplido por la sucesión constitucional, ha generado una parálisis en la toma de decisiones estratégicas y ha agudizado la crisis humanitaria que millones de venezolanos padecen a diario. La economía, ya de por sí en estado crítico, flota en un limbo de especulación. La ansiedad social crece alimentada por el rumor y la desinformación.
Sin embargo, estos 22 días también han revelado algo profundo y digno de rescate: un clamor unánime por la vida y la integridad física del Presidente. Desde todas las trincheras políticas –gubernamentales, opositoras, sociales– se ha alzado una voz única para exigir su liberación sana y salva. Es un principio humanitario básico que ha logrado, momentáneamente, silenciar la discordia. Esta unidad circunstancial, nacida de la conmoción, debe ser el faro que nos guíe.
La respuesta internacional ha sido amplia y contundente en la condena al acto. Organismos multilaterales, gobiernos de todas las tendencias y líderes globales han coincidido en calificar el secuestro como un crimen inadmisible. Esta solidaridad es crucial, pero no puede quedarse en declaraciones. La cooperación inteligente y efectiva entre agencias de seguridad internacionales es, ahora mismo, la herramienta más valiosa para resolver este crimen.
A los actores detrás de este hecho les decimos: su cálculo es erróneo. No han desestabilizado al país para mejorarlo; lo han sumido en una crisis más profunda y peligrosa. No han herido a un gobierno; han herido a una nación entera. Cada hora que pasa incrementa su responsabilidad histórica y jurídica.
Al pueblo de Venezuela le decimos: es tiempo de firmeza serena. De apoyar las investigaciones, de rechazar las noticias no verificadas y de exigir a las autoridades transitorias la máxima transparencia en el manejo de esta crisis sin precedentes. La prioridad absoluta es una: lograr la liberación.
Al Presidente Maduro, donde quiera que se encuentre, le expresamos nuestra solidaridad como compatriota víctima de un delito atroz. Su regreso es indispensable para cerrar este capítulo traumático y, entonces sí, reenfocar el destino nacional a través de los canales políticos y pacíficos que nunca debieron ser violentados.
Han sido 22 días de angustia. Que no haya uno más. Exigimos acción, resultados y, sobre todo, el restablecimiento pleno de la paz civil y del orden constitucional. La patria, herida, espera.
DEVUELVAN A MADURO Y SU ESPOSA
