La Ley de Hidrocarburos vigente en Venezuela reserva las actividades petroleras a empresas públicas o mixtas, siempre que el Estado tenga una participación mayoritaria. Sin embargo, un nuevo artículo permitirá, al accionista minoritario comercializar directamente la totalidad de la producción de esa compañía, además de ejercer su gestión técnica y operativa.
Con el nuevo estamento, las empresas del Estado o sus filiales podrán en adelante arrendar activos y materiales o ceder el uso del área operacional, así como suscribir contratos con firmas privadas para la ejecución de actividades primarias a su exclusivo costo, cuenta y riesgo.
Estos cambios, según varios analistas, obedecen a la extracción militar de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez dieron un giro de 180 grados en materia petrolera, con modificaciones a la altura de la exigencia de Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos, en su afán de dinamizar las operaciones petroleras.
Antonio de La Cruz, especialista, advierte de entrada que la nueva Ley de Hidrocarburos se desmarca del viejo estatismo. “Empecemos por lo básico: El petróleo no se privatiza. Los yacimientos siguen siendo del Estado. El subsuelo sigue siendo público”, detalla.
Considera que el principal cambia apunta a quién asume el riesgo, pues el Estado dejará de financiar pérdidas. “El privado pone el capital, opera y asume el golpe si falla”, complementa.
De La Cruz considera que lo que se privatiza es el riesgo, no el recurso y amplía que, en su óptica la clave de la reforma no es ideológica sino lo que califica como horizonte temporal, con contratos de hasta 25 años más 15 de prórroga, equivalentes a 40 años. Por ello hace énfasis en el valor del tiempo. “¿Por qué importa el tiempo? Porque sin horizontes largos no hay crudo pesado o extrapesado ni recuperación secundaria”, advierte.
Como elementos a tener en cuenta, destaca que para recuperar la inversión en crudo liviano se requerirá entre 3 y 5 años, mientras que el pesado se estima entre 6 y 9 años y el de la Faja del Orinoco, entre 10 y 14 años. “Sin tiempo, no hay negocio”, resume De la Cruz, quien rechaza el mito de que con el nuevo proyecto se vaya a regalar el petróleo. “Regalías e impuestos siguen ahí. Lo que cambia es que el Estado cobra sin invertir”, añade en un análisis en la red social X.
Con relación a las empresas privadas y sus gestiones operacionales y de venta es concreto. En su opinión se permiten bajo reglas concretas: mejores precios que el Estado, pago fiscal completo y absoluta supervisión pública. “No hay soberanía sin producción”, añade y recuerda, que más allá de tecnicismos la verdad es que Venezuela no dejó de producir por falta de petróleo, sino por el saqueo, la mala gestión y el tiempo.
Esta ley no garantiza éxito, pero corrige un error estructural: creer que el socialismo produce barriles. En conclusión: No es privatización, ni un milagro, es un intento de volver a jugar en el mapa energético real”.
Giro ideológico
En palabras de Iván Freites Chirino, secretario General del Secretario de Profesionales y Técnicos de la FUTPV, con la nueva Ley de Hidrocarburos, la reserva del Estado de la industria llegó a su fin, luego de 51 años de la nacionalización del petróleo.
Un régimen que se denomina ‘socialista’ cambió el concepto del monopolio estatal sobre la industria petrolera de la noche a la mañana con una reforma exprés de la Ley de Hidrocarburos. Pensar que fueron esos ‘socialistas’ encabezados por el ex-guerrillero Ali Rodríguez y los de un grupo llamado Fundapatria, los que sabotearon, criticaron, demonizaron la apertura petrolera de la mitad de la década de los noventa”, señala Freitez.
El líder sindical responsabiliza a Hugo Chavez, de la destrucción de la industria, a partir de 2007, cuando comenzó a expropiar a las empresas que habían suscrito, en forma transparente, los convenios operativos, las asociaciones estratégicas y los convenios de exploración a riesgo.
Hoy Delcy Rodríguez, como descolorido reemplazo de Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, dio la puñalada final un dogma del que se aprovechó la clase política venezolana, la cual ahora aplaude y espera el regreso de las transnacionales. El país no sale de su asombro con lo que se está haciendo, a la velocidad que se está haciendo y cómo tratan de convencernos que es un paso en la dirección correcta”, resalta.
Freitez augura que, una vez que la reforma sea publicada en gaceta oficial los activos de PDVSA serán arrendados, el petróleo vendido por terceros, los campos petroleros entregados.
No hay una sola palabra en la reforma sobre el destino y la estabilidad de los trabajadores. Es una reforma muy agresiva, pero falta generar confianza. Hugo Chávez demostró a las petroleras que lo que está en papel, así sea ley, se puede cambiar, independientemente del costo que implique.
“Son los mismos ‘socialistas traidores’ que hoy gobiernan, los que han revertido aquello de que el petróleo es nuestro. La única garantía para los inversionistas es que ahora hay misiles apuntando hacia Venezuela. Han cambiado el “Chavez vive” por ‘viva el imperialismo yanqui”.
Bajo la lupa
Para Walter Molina, politólogo residenciado en Argentina, la reforma a la Ley de Hidrocarburos es interesante y descriptiva, tanto por su contenido como por la forma en que fue elaborada y en que se dispone a ser aprobada sin oposición alguna.
Para empezar, reduce el control estatal y las regalías, otorgando mayor margen de acción al sector privado. También introduce mayores garantías jurídicas y mecanismos de resolución de conflictos. En otras palabras, el chavismo (consciente de que es percibido como un riesgo) intenta ofrecer a las empresas la certeza de que no será la ‘justicia’ venezolana la encargada de dirimir sus controversias”, explica.
Sin embargo, el analista, hace énfasis en que lo verdaderamente relevante es cómo se llega a esta reforma. “La propuesta surge inmediatamente después de la reunión que Donald Trump mantuvo el 9 de enero con empresas petroleras estadounidenses, en la que varias de ellas (con especial énfasis, Exxon) dejaron claro que están dispuestas a invertir en Venezuela, pero no bajo un régimen chavista ni en ausencia de Estado de Derecho”, añade.
En ese marco, Molina considera que la reforma fue elaborada en un lapso muy corto y, solo después de recibir el visto bueno de Washington, el texto fue enviado a los diputados de la Asamblea Nacional, no para su debate, sino para su aprobación. “El chavismo azul no tiene vela en este entierro porque el chavismo rojo, sus jefes, ahora trabajan para alguien más”, advierte. “En efecto, se trata de una tutela. Una que incluso define el contenido de las leyes”.