El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alivió de forma amplia las sanciones a la industria petrolera de Venezuela este jueves, con el objetivo de expandir la producción de crudo en el país sudamericano. El Departamento del Tesoro autorizó, mediante una licencia general, transacciones que involucren al Gobierno venezolano y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que sean “ordinariamente incidentales y necesarias” para el levantamiento, exportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida su refinación por entidades estadounidenses establecidas, reporta Reuters.
La emisión de esta licencia representa un giro frente a la estrategia previa de otorgar exenciones individuales a empresas interesadas en operar en Venezuela. En 2019, durante el primer mandato de Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) había designado a toda la industria energética venezolana como sujeta a sanciones, luego de la reelección de Maduro, proceso que Washington desconoció.
La nueva autorización establece límites: no permite condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, canjes de deuda, pagos en oro ni operaciones denominadas en monedas digitales. Asimismo, excluye cualquier transacción vinculada con personas o entidades ubicadas o controladas por Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como operaciones con buques bloqueados o compañías organizadas bajo leyes de Venezuela o Estados Unidos que estén asociadas con empresas de la República Popular China.
En paralelo, varias petroleras y proveedoras de servicios energéticos —entre ellas Chevron, Repsol, ENI y la refinadora india Reliance Industries— habían solicitado en semanas recientes licencias para ampliar producción o exportaciones desde Venezuela, país miembro de la Opep. Fuentes citadas señalaron que el elevado número de solicitudes individuales había ralentizado los planes de expansión e inversión.
La decisión de la Ofac coincidió con la aprobación en la Asamblea Nacional venezolana de una reforma más amplia de la principal ley petrolera, normativa que se prevé otorgue mayor autonomía a productores privados en empresas mixtas o bajo nuevos contratos para operar proyectos y comercializar crudo. El instrumento también formaliza un modelo de producción compartida que había comenzado a aplicarse en años recientes.
Tras la captura de Maduro, la administración estadounidense impulsa un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria petrolera venezolana y ha manifestado su intención de gestionar las ventas de petróleo de manera indefinida. Como parte de estas acciones, Washington y Caracas habrían alcanzado en enero un acuerdo inicial de 2.000 millones de dólares para exportar crudo venezolano, incluso hacia refinerías en territorio estadounidense.