Por José Luis Centeno S.
Desde la distancia, el eco de la justicia venezolana se siente como un lamento sordo, como una herida que se niega a cerrar.
Volví a conversar con Laura Pérez, una de esas almas indoblegables que hizo del dolor su bandera, la misma con la que en 2019 iniciamos una serie de entregas para visualizar un caso que, por su prolongación y su descaro, se convirtió en el símbolo más crudo de la arbitrariedad judicial: el de los Policías Metropolitanos.
Hoy, 23 años después de haber sido encarcelados, la exigencia de Laura y de las hijas del distinguido Luis Enrique Molina Cerrada, es un grito que atraviesa el tiempo: “LIBERTAD INMEDIATA”.
No hablamos de un simple error judicial, de una falla procesal subsanable. Hablamos de una condena de 30 años de prisión, impuesta sin pruebas por delitos NO cometidos.
Así las cosas, este caso es la crónica de una infamia que se ha prolongado por más de dos décadas, un castigo que supera la pena y se instala en la tortura psicológica y la indefensión agravada, por efecto de una sentencia viciada, de un capricho con banda presidencial.
Ergo, el caso de los PM es un monumento a la perversión del sistema. La justicia, que debería ser ciega, como la personifica la Diosa Themis, en este caso se puso la venda de la obediencia política. El resultado, la condena que hoy los mantiene tras las rejas es, en esencia (salvo mejor criterio), un acto nulo de pleno derecho.
¿Por qué afirmarlo con tanta contundencia? Porque la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir.
La propia Laura Pérez nos recuerda la existencia de una Declaración Jurada del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien fuera Presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, quien, desde el exilio o la distancia, certificó lo que todos sabíamos: que los PM son inocentes y que fueron inculpados y sentenciados por capricho de Hugo Rafael Chávez Frías.
Cuando la máxima autoridad penal de un país confiesa que una sentencia fue dictada por una orden política, esa decisión judicial pierde toda su validez y legitimidad. Se convierte en un acto ex post facto de persecución, una aberración jurídica que desconoce la jurisdicción y la competencia que debió regir el proceso.
Desde la perspectiva técnica, la amnistía, por caso, según el Código de Justicia Militar, extingue la acción penal con todos sus efectos y aprovecha a todos los responsables, incluso a los condenados (Ley de Amnistía del 2007 dixit). Ahora bien, para los PM, la amnistía no es un perdón, es la reparación obligatoria de un daño causado por el propio Estado.
Ante el anuncio de una posible Ley de Amnistía, la exigencia de los familiares de los PM no es una súplica, es un derecho. Si esta ley busca ser un verdadero instrumento de “Reconciliación Social y Política” en Venezuela, no puede nacer con la misma ceguera selectiva que ha caracterizado a la justicia.
Laura Pérez, lo sentencia con la claridad que solo da la lucha: la liberación de los PM es “Una orden que tienen que cumplir, Sí o Sí, en medio de esta Primera fase de transición política en Venezuela”.
Y tiene toda la razón. La libertad de estos hombres no es negociable, es un imperativo legal y moral. Es la única forma de que el sistema de justicia venezolano comience a recuperar la credibilidad perdida. La libertad de estos hombres, demostraría, que, en Venezuela, la ley, y no el capricho, ha vuelto a reinar.