Robert Alvarado
En Venezuela no hay casos de corrupción. En Venezuela existe un estado de corrupción total… Rafael Simón Jiménez
Dra. Delcy Rodríguez, me dirijo a usted con el respeto a su alta investidura exige, pero con la franqueza que la crisis de esta Tierra de Gracia reclama. En los últimos tiempos, hemos observado una narrativa que intenta alejarse de la diatriba estéril, buscando, quizás, un tono más institucional. Sin embargo, para que esa retórica tenga eco en la realidad de los venezolanos, debe para de las palabras a la acción correctiva, especialmente en un área que hoy es el epicentro de la desconfianza nacional: el Poder Judicial. Como abogada, usted sabe que la justicia no es un favor ni una mercancía, es un derecho fundamental. No obstante, lo que hoy impera en nuestros tribunales es lo que el Dr. Rafael Simón Jiménez describe con una crudeza sin igual: no son casos aislados de corrupción, sino un “estado de corrupción total”.
Usted, también como muchos venezolanos, sabe que se ha consolidado una estructura donde las mafias, siendo una de las más célebres aquella conocida por la opinión pública como “Los Enanos”, han secuestrado la balanza de la justicia para favorecer a quienes pueden pagar las exigencias pecuniarias de operadores de justicia (jueces, fiscales, funcionarios de los órganos auxiliares) y desamparar a quienes solo tienen la Constitución bajo el brazo. Ante esa realidad, es pertinente recordar que la independencia judicial no es un concepto abstracto, es un mandato constitucional. De hecho, el artículo 254 de nuestra Carta Magna establece claramente que “El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa”. Sin embargo, la realidad procesal nos muestra un panorama por demás sombrío.
Desde el emblemático caso de la Jueza Afiuni, se fracturó el espinazo de la autonomía. Hoy, la percepción generalizada, respaldada por la práctica cotidiana en los pasillos judiciales, es que las decisiones no emanan de la sana crítica de los jueces ni del análisis de las pruebas, sino de instrucciones que bajan “de arriba”. Esta intromisión viola el principio de separación de poderes consagrado en los artículos 136 y 253 de la Constitución, convirtiendo al juez en un ejecutor de lealtades políticas. Es sabido que cuando un juez prioriza lealtades políticas sobre la ley, anula la imparcialidad que exige el Artículo 256 de la Constitución. Esto destruye la tutela judicial efectiva, convirtiendo al tribunal en un arma de persecución que rompe el Estado de Derecho y la ética judicial.
Debemos hablar de las causas materiales de esta descomposición. Los funcionarios judiciales padecen salarios que no cubren sus necesidades básicas, lo que, sumado a la falta de mecanismos efectivos de control, incentiva el “guiso judicial”. De ahí que el ciudadano común ha dejado de denunciar porque siente, mejor dicho, padece que el sistema de administración de justicia no lo protege, sino que lo reprime. Pero lo más grave es que la impunidad generalizada ha creado una cultura donde el delito no enfrenta castigo si se tiene la conexión adecuada. El artículo 256 de la Constitución prohíbe explícitamente a los jueces realizar activismo político-partidista para garantizar su imparcialidad, pero hoy vemos una politización que socava la integridad del sistema judicial.
Doctora Rodríguez, si existe una voluntad real de cambio, es imperativo abordar este fenómeno de manera holística o integral. Por eso, le propongo considerar las siguientes líneas de acción: PRIMERO: Fortalecimiento de la Independencia, ya que es urgente retomar procesos de selección transparentes y meritocráticos para jueces y fiscales, garantizando su estabilidad en el cargo y eliminando la amenaza de destituciones por razones políticas. SEGUNDO: Dignificación del funcionario, pues no habrá justicia limpia con salarios de miseria. Se debe cumplir con la asignación presupuestaria constitucional no menor al 2% del presupuesto ordinario nacional para el sistema de justicia, asegurando remuneraciones competitivas que reduzcan la tentación al soborno. TERCERO: Transparencia total, ya que las sentencias deben ser de acceso público y permanente para fomentar la rendición de cuentas. Y CUARTO: Protección al denunciante, porque quienes nos atrevemos a señalar la corrupción, como ha sido mi caso, enfrentando demandas por difamación e injuria que buscan silenciarme, necesitamos mecanismos de protección reales, no represalias institucionales.
La justicia en Venezuela no puede seguir siendo un instrumento para silenciar opositores o para el enriquecimiento ilícito de “tribus judiciales”. No basta con destituir a un funcionario de vez en cuando para las cámaras, se requiere desmantelar el sistema de complicidades que hacen que las denuncias reposen eternamente en la Inspectoría de Tribunales o el Ministerio Público. Cuando la denuncia ciudadana no surte efecto, se aniquila la tutela judicial efectiva y el derecho de petición (Artículos 26 y 51 CRBV). Este silencio administrativo y jurisdiccional genera un “monstruo jurídico” de impunidad y retardo procesal, dejando a la víctima en indefensión total ante el poder. Sin respuestas oportunas, la justicia es solo una quimera institucional que protege al corrupto y castiga al inocente con la incertidumbre.
Hoy usted tiene la oportunidad de escuchar estas duras verdades y actuar. La reconstrucción de la institucionalidad venezolana para, necesariamente, devolverle al pueblo una justicia que emane de los ciudadanos y se imparta en nombre de la República por autoridad de la ley, tal como ordena el artículo 253 constitucional.
Doctora Delcy, espero, por el bien de la nación, que estas palabras encuentren en usted la disposición de quien prefiere la verdad que corrige al silencio que destruye.
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