Un nuevo elemento de tensión surgió en el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos, luego de que el juez federal Alvin Hellerstein pusiera en duda la justificación del Gobierno estadounidense para bloquear el uso de fondos venezolanos destinados a la defensa legal de los acusados.
De acuerdo con el análisis del consultor político Luis Perche Arteaga, la fiscalía enfrenta un dilema. Según explica si Washington mantiene relaciones o realiza operaciones con el gobierno venezolano, se debilita el argumento de “seguridad nacional” utilizado para impedir que Maduro acceda a recursos del Estado para costear su defensa.
Según esta interpretación, el propio Gobierno de EE. UU. ha reconocido cambios en el contexto político tras el 3 de enero, lo que, a juicio del juez, podría afectar la coherencia de las restricciones impuestas.
Durante la audiencia, Hellerstein dejó entrever que no resulta consistente bloquear fondos por motivos de seguridad nacional mientras existen dinámicas de los vínculos en otros ámbitos con Venezuela.
Mientras tanto, la fiscalía sostiene que las sanciones son independientes del proceso penal y responden a decisiones previas de política internacional, por lo que no deben ser modificadas en función del caso.
El desarrollo de este argumento podría ser determinante en el avance del juicio, especialmente en lo relacionado con el financiamiento de la defensa de Maduro y Flores, uno de los puntos más controvertidos del proceso.
Esta cuenta está haciendo live-tweeting del juicio a Maduro y Cilia.
Por ahora, la fiscalía estadounidense enfrenta un problema: el juez Hallerstein dice que si EE.UU. hace negocios con la dictadura venezolana, entonces ya no es válido bloquear fondos por razones de «seguridad… https://t.co/57L1VeA7Ts
— Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) March 26, 2026