El 11 de abril de 2002 Venezuela vivió una de sus jornadas más oscuras. Lo que comenzó como una marcha opositora hacia el Palacio de Miraflores terminó con 19 muertos, un presidente secuestrado y un gobierno de facto instalado en el poder. Veinticuatro años después, persiste el debate: ¿fue un golpe de Estado o una reacción contra una presunta ruptura constitucional? Los hechos y el derecho internacional responden con claridad.
A las pocas horas de aquel jueves, los medios de comunicación difundieron una supuesta renuncia del presidente Hugo Chávez. No hubo carta firmada, ni notario, ni acto formal ante la Asamblea Nacional. En su lugar, un grupo de militares de alta graduación anunció su “desincorporación del poder”, mientras los verdaderos protagonistas eran retenidos en Fuerte Tiuna.
El 12 de abril, Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se autoproclamó jefe de Estado. Su primer decreto disolvió la Asamblea Nacional, anuló la Constitución de 1999, suspendió la Fiscalía General, destituyó al Tribunal Supremo y eliminó el nombre de la República. En menos de 24 horas, se borraron de un plumazo todas las instituciones democráticas elegidas por voto popular. Eso no es un “vacío de poder”: es un golpe de Estado clásico, vestido de traje y corbata.
Quienes hablan de “traición” argumentan que Chávez había roto el orden constitucional al enfrentar militarmente una marcha pacífica. Sin embargo, la Constitución de 1999 establece claramente que corresponde al presidente garantizar la paz interna. Más importante aún: ninguna ruptura de un gobierno electo justifica que un civil sin ningún cargo de elección popular asuma el poder absoluto por decreto. La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter coincidieron: hubo una interrupción abrupta e ilegítima del hilo democrático.
El 13 de abril, el pueblo venezolano y sectores leales de la Fuerza Armada revirtieron el golpe. Chávez regresó a Miraflores antes del amanecer. Pero el daño ya estaba hecho: ese fin de semana demostró que la democracia venezolana era frágil, que los poderes fácticos (empresarios, medios de comunicación, jerarquía militar desleal) estaban dispuestos a todo por sacar a un presidente incómodo.
Conclusión:
Llamar “traición” al 11 de abril es un eufemismo peligroso. La traición es un concepto moral; el golpe de Estado es un delito político tipificado. Aquí hubo una asonada militar seguida de un gobierno civil ilegítimo que borró las instituciones de un país en horas. Negarlo no solo es un error histórico, sino una puerta abierta a que se repita. La fecha no debe recordarse con bandos, sino con una lección: cuando se rompe la Constitución, todos pierden. Y quienes la defienden, aunque ganen a las pocas horas, ya cargan con la herida de haber visto su democracia secuestrada.
TODO 12 TIENE SU 13.
WWW.NORTEASUR.NET