Joel Enrique Silva Silva*
Los principios que son la naturaleza y la motivación de todo movimiento ciudadano moderno, como los que proclama el artículo 4 de la Constitución, están en sintonía con el pacto social que declara que la República en su caracterización de Estado federal descentralizado, está tutelado en la integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
Mientras el gobierno y sus formas “es y será” democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. En consecuencia, no pueden los poderes públicos desarmonizar esa quimera de noción de Estado que a la vez es la inspiración para el ordenamiento jurídico que da norma al comportamiento de esa sociedad.
El ropaje federal implica la existencia y funcionamiento de estados federados que se manifiestan mediante la descentralización, sin la dependencia del distrito donde reside los asientos de los altos poderes de la República, tal como decía recurrentemente un gobernador de Portuguesa inteligente de la época de la República civil, cuando en las reuniones de mandatarios en el Palacio Blanco por ejemplo apuntaba que lo primero que debía descentralizarse en Venezuela es el himno nacional que proclama “seguid el ejemplo que Caracas dio”. Esa dependencia se extiende a favorecer a los mandatarios regionales militantes del partido que está en el gobierno.
Se descarta toda posibilidad, en la práctica del sistema sobrevenido que los ciudadanos de la República puedan pintar a la hora de designar a los titulares del Poder Judicial. Es el Ejecutivo que interviene en todo el engranaje público, burlando la independencia, autonomía funcional y financiera, tal como lo desnudó el informe de Human Rights Watch, sobre DDHH en el 2023: “el poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno” al haber descrito que “no se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de las autoridades de alto nivel” (https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/venezuela).
En diversas escrituras o informes de estudios de opinión pública con reconocimiento académico y científico, se asegura que más del 70% de la población consultada coinciden que el Poder Judicial debería ser independiente del Ejecutivo, o sea distinguen que no lo es, incluso cuestionan o creen que es peor, lo que influye para la designación de los jueces, amiguismo y cuotas de poder, no precisamente por mérito o verdadero concurso de credenciales, lo que puede promover una avanzada en una posible mutación del Estado para que los titulares de la administración de justicia comprenda la elección en primer grado.
La candonga mugrienta que acompaña la percepción que a la sentencia Nº 00031 reciente (22 agosto 2024) de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia), recurso contencioso electoral, expediente Nº 2024-00034, ratifica lo que en la misma precepción ciudadana, ya en el año 2023, la consultora Latinobarómetro mostraba que apenas 24,1% confiaba en el Poder Electoral de Venezuela.
El pacto social en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) manda que los rectores no tengan filiación partidista. En la República Civil (Constitución de 1961), derivado del Pacto de Punto Fijo, se repartían los cargos entre los dos partidos más votados al Congreso (cuatro puestos), el tercer partido designaba uno, el presidente era de consenso y, el resto de los partidos con diputados escogían uno. El secretario era para el partido más votado parlamentariamente.
Hemos consultado una idea para mejorar la confianza en el sistema electoral venezolano, en futuras reformas, agregar el voto en blanco o nulo consciente y la doble vuelta electoral, balotaje, lo que daría plácet al consenso, posibilidades de cogobierno y, mayor compromiso ciudadano.
Eliminar absolutamente la reelección presidencial, no evita la alternabilidad en el poder y, afectaría capitalmente el enquistamiento y la idolatría de apóstoles políticos que tanto daño también hicieron en Venezuela.
Acá, como en los EEUU, presidencialismo excesivo, centralismo, vía consentida al autoritarismo que socava los soportes de la república, atenta contra la ficción del Estado democrático moderno y, consiente la posibilidad de presidencialismo abusivo y atropellante, tal como en una revisión sobre la democracia en un reciente análisis al debate electoral en el gigante del norte de América, reciente, la diferencia entre la democracia y el autoritarismo es el presidente.
Gobiernos que son electos popularmente, abusan de la condición justificados en la soberanía enunciada constitucionalmente, quiebran la independencia y autonomía de los Poderes Públicos, apostados a sus absolutos intereses, hacen agónica metástasis a la democracia, con el justificado recurso que el mandato proviene de la voluntad popular resultante de lo depositado en las cajas de resguardo de los comprobantes de votación, resultando en una desarticulación peligrosa y despolitización o despartidización, ya evidente en casos como el de Trump y otras expresiones en el mundo.
El Legislativo para que sea más legítimo debe ser más consultivo y promotor de iniciativas legislativas mediante discusión especializada de la academia, sociedad organizada en colectivos, antes de iniciar las discusiones formales del plexo reglamentario. Públicas, abiertas, transparentes, participativas, no ordenadas por las élites acomodaticias de los autócratas amos de las corporaciones tradicionalmente favorecidas, en desmedro de las mayorías débiles y con escaso acceso a los bienes y servicios.
El denominado poder del ciudadano, debe encontrar en la cotidianidad del funcionamiento institucional, respuestas inmediatas y eficaces a sus requerimientos individuales, colectivos y difusos, que no simplemente se proclame como en el 273 constitucional. Constituido de cuerpos colegiados, sometidos a designación previos concursos verdaderos y sinceros de credenciales y verdadera participación ciudadana, sin planchas. Entre cuya misión esté concebida la educación ciudadana para el pensamiento de la democracia, investigación estadística, censos, mediciones que toquen el sentimiento verdadero o auténtico de la sociedad para los cambios, incluyendo con respeto y autonomía de vuelo a la academia y comunidad científica.
El ciudadano no existe para que esté al servicio de las instituciones, del sistema político, de las élites corporativas, hoteleras y raspacueros. Hay que invertir la pirámide; las instituciones del Estado y sus temporales titulares deben estar al servicio del ciudadano como componente animado y activo de los esenciales del Estado.
* Abogado, periodista: joelsilva16@gmail.com