Virginia Contreras
El Salvador presenta una imagen altamente positiva en materia de lucha contra la criminalidad. Así por lo menos lo han destacado las autoridades de ese país, medios de comunicación y organizaciones internacionales dedicadas a la evaluación de los Estados en la aplicación de sus políticas públicas.
El país que alguna vez tuvo las cifras de criminalidad más altas de Centroamérica ahora se presenta como un territorio libre de ella. De acuerdo a la organización Statista Research Department, (12 sept 2024), la tasa de homicidios en El Salvador ha venido disminuyendo drásticamente en los años posteriores al 2015, fecha en que alcanzó su nivel más alto. En 2023 se situó en 2,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución de más del 93% de homicidios desde que Nayib Bukele asumiera la presidencia del país.
Según datos oficiales publicados en enero de 2024, (https://www.pnc.gob.sv/el-2023-fue-el-ano-mas-seguro-en-la-historia-del-el-salvador/), en el 2023 El Salvador tuvo la cifra de homicidios más baja en la historia del país. Esto, a diferencia del año 2022, cuando se contabilizó 495 homicidios, equivalente al 7,8 de homicidios por cada 100.000 habitantes.
De acuerdo al Informe de Seguridad Global publicado hace unas semanas por la consultora Gallup, El país se colocó por primera vez entre los «más seguros» del mundo. Esta organización atribuye esa cifra a la acción del Gobierno de Bukele contra las pandillas. Señala, entre otras cosas que, mientras en 2017 solo un 28 por ciento afirmaba sentirse seguro al caminar solo por las calles en las noches, hoy la cifra se acerca al 90 por ciento. No obstante, no deja de reconocer que El Salvador se ha ido convirtiendo en “un estado policial” encarcelando aproximadamente al 2 por ciento de la población del país. Según Gallup, el país centroamericano supera por un punto porcentual a países como Suiza, Islandia o Luxemburgo en su poca criminalidad.
Lógicamente, que, para llegar a estas conclusiones, las respectivas autoridades y los miembros de las organizaciones que se han hecho eco de tan positiva información habrán desarrollado alguna estrategia para la evaluación de las políticas de seguridad ejecutadas por las autoridades salvadoreñas.
El estudio de la seguridad ciudadana se enfoca en dos aspectos relacionados entre sí. Por un lado, la delincuencia real, objetivamente producida y contabilizada; y por otro, la “percepción” que de la criminalidad se obtiene de la opinión que sobre la seguridad tienen los ciudadanos.
Resulta imposible analizar a la criminalidad en su totalidad, por cuanto que cada una de sus formas tiene un modo de estudio diferente. De allí que para examinar la delincuencia se haga necesario especificar el objeto de estudio. No es lo mismo evaluar los homicidios que los delitos contra la propiedad, por ejemplo; o peor aún, delitos como el narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, entre muchos otros.
Por tal razón, lo primero que debemos hacer es delimitar lo que queremos evaluar. Dependiendo de esto, estableceremos las técnicas propias que hayamos escogido para la recolección de la información, aplicaremos una metodología de análisis específica y definiremos los indicadores que vamos a utilizar para evaluar la información. Sera gracias a la metodología empleada y los datos evaluados que obtendremos resultados relevantes, comparables y comprobables.
La búsqueda de indicadores que permitan examinar de una manera eficiente y realista a la criminalidad es un reto constante para cualquier analista de seguridad ciudadana.
Existen infinidad de indicadores, dependiendo de lo que se trate investigar. Entre ellos, las encuestas de victimización. Con ello conoceremos el porcentaje de personas que dicen haber sido víctimas de algún delito. El problema de este indicador es que a veces la molestia del ciudadano que ha padecido los efectos de la inseguridad no necesariamente se corresponde con la realidad.
Otro indicador, utilizado en materia de homicidios, es la información de los homicidios cometidos en la localidad. Para ello se cuenta con los datos suministrados por las comisarias policiales, por organismos afines como los cuerpos de bomberos, las morgues, los partes oficiales de los organismos del Estado ante los medios de comunicación, entre otros.
En el caso de la estadística policial su análisis emplea las variables e indicadores provenientes de las investigaciones de oficio y de las denuncias hechas por los ciudadanos. En base a estos datos se construirán indicadores que faciliten la información deseada y que nos permita un elemento fundamental para todo investigador como es el establecer índices de seguimiento. El problema de este indicador, si solo nos basásemos en él, es que la cuantificación de la actividad criminal estaría limitada a las denuncias y a las investigaciones de oficio. En este sentido es bueno recordar que no siempre se denuncian todos los hechos delictivos, ni las policías investigan todos los delitos.
La situación de El Salvador resulta un tanto confusa. Por un lado, no existe claridad sobre los tipos de delitos evaluados por las autoridades para concluir la disminución de delitos. Pareciera que se refieren a los homicidios, pero también se habla respecto a la criminalidad en general. Tampoco existe algún elemento que nos permita saber cuáles son los indicadores aplicados, qué tipo de metodología se utilizó para analizarlos y qué organismos, aparte del propio gobierno, facilitaron y evaluaron la información. Esta última circunstancia resulta de gran importancia, toda vez que el análisis de la criminalidad y de la eficiencia de los organismos del Estado en combatirla no puede dejarse únicamente en manos de los involucrados. Para ello, en casi todos los países se han establecido en las universidades cátedras encargadas de evaluar la data, así como se han creado los llamados Observatorios Contra la Violencia, cuya utilidad es altamente positiva al estar dotados de expertos que junto a las autoridades colaboran en recolectar información, así como en evaluarla e incluso dar recomendaciones.
La imposibilidad de conocer los mecanismos respecto a la baja o inexistente criminalidad en El Salvador nos lleva a un camino tortuoso, y es que las fuentes de información que pudieran corroborar o desmentir la criminalidad en dicho país han sido coartadas. En efecto, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) promulgada en el año 2011, la cual garantizaba el derecho de obtener información en manos del Estado, y que obligaba a sus autoridades a facilitar la información, ha tenido algunos intentos de ser decapitada. De no ser porque a última hora algunos miembros del partido de gobierno (el cual solicito la reforma de 17 artículos de la ley) se echaron para atrás, esta hubiera sido desmembrada.
No obstante, esto no es ningún consuelo. La LAIP establece como información reservada rubros como los planes militares; asuntos que perjudiquen o pongan en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública (concepto bastante amplio que deja al arbitrio de quien lo decida lo que puede ser considerado riesgoso); lo que ponga en peligro la vida (aspecto que puede incluir cualquier área); la seguridad o la salud de cualquier persona; lo que perjudique la investigación o persecución de ilícitos, entre otros. En otras palabras, que de acuerdo con la interpretación que se le otorgue a dicha ley, el ciudadano común estará impedido de conocer la gestión del Estado, incluyendo la materia de seguridad pública. De allí que, el Instituto de Acceso a la Información Pública en la práctica funcione más bien como un organismo político dispuesto a frenar la información en vez de facilitarla, como era el espíritu del legislador.
Por otro lado, el derecho al acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción, por cuanto que permite implementar la auditoría social a la gestión del Estado.
La poca información que se tiene sobre el origen de la data sobre criminalidad en dicho país compite con el desconocimiento respecto a las medidas adoptadas para combatir la delincuencia. De las medidas implementadas por el Gobierno de El Salvador, la más conocida, es el estado de excepción decretado por 30 días, desde marzo del 2022, debido al aumento de homicidios impulsados por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 (MS-13). En la actualidad dicho decreto sigue vigente, siendo ratificado cada mes por la Asamblea Legislativa.
El decreto aprobado incluye la suspensión de garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (cuyas decisiones son obligatorias para El Salvador por ser signatario de la Convención Americana de los Derechos Humanos- Pacto de San José- que le dio vida a dicho tribunal internacional), señala como derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, la posibilidad de interponer el recurso de Habeas Corpus, el derecho a la libertad de reunión y asociación. Por otro lado, el decreto permite la intervención de comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial, entre otras restricciones.
El estado de excepción es una herramienta para que, en una situación de emergencia, se preserven los derechos de los ciudadanos, suspendiendo algunos derechos para permitir la acción de las autoridades por un periodo de tiempo determinado. Lo curioso es que, de ser cierta la estadística criminal facilitada por las autoridades gubernamentales, al haber desaparecido la alta criminalidad, y estar desmanteladas prácticamente las maras y demás organizaciones criminales en el país, el mantenimiento del estado de excepción ya no tendría el menor sentido.
Otra de las políticas para combatir el crimen bajo el régimen de excepción, fue la construcción, (activo desde hace 1 año) de un nuevo centro penal denominado “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (Cecot), conocido como “el Alcatraz de Bukele” como remembranza de aquella terrible cárcel que funcionaba frente a las costas de San Francisco, EEUU (1934-a 1963).
Siguiendo con la estrategia del secretismo, el Cecot es también un exponente del hermetismo. Son innumerables las denuncias en contra del régimen por lo que sucede allí adentro y dentro de las otras cárceles existentes en el país. Según el gobierno, dicho centro tiene una capacidad para 40.000 presos, y es exclusivo para albergar a los miembros de la MS-13 y de las dos facciones del Barrio 18, pandillas rivales. Si bien, nadie ha podido ingresar a constatar las condiciones en que dichas personas se encuentran, por algunos videos que las autoridades han permitido que se hagan de manera superficial del lugar, algunos familiares han podido distinguir a lo lejos los rostros de sus seres queridos que daban por desaparecidos y de los cuales ninguna autoridad había querido dar información.
Seguramente infinidad de terroristas, criminales peligrosos y pandilleros se encontrarán detenidos allí. El problema es que, según las denuncias documentadas de muchas familias salvadoreñas, muchos de sus seres queridos se encuentran bajo el régimen del Cecot sin poder ejercer su derecho a la defensa, conculcado por el decreto de emergencia. ¿Sus delitos? poseer un tatuaje, tener cara de sospechoso o haberse encontrado en las cercanías en donde el gobierno realizaba redadas.
Pero estas políticas desarrolladas por el presidente Bukele, hoy en día vienen a sustituir a otras ejecutadas durante los primeros años de su primer gobierno. En 2020 el mandatario autorizó el uso de la fuerza letal por parte de la policía y el ejército contra pandilleros que, según él, estaban aprovechando la pandemia del coronavirus para cometer homicidios. En diciembre de ese mismo año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno de El Salvador, acusándolos de negociar con las organizaciones MS- 13 y Barrio 18 en un esfuerzo por alcanzar una tregua en sus crímenes y reforzar la imagen del partido de gobierno en el proceso electoral que se avecinaba. Tanto así que, que “Nuevas Ideas”, el partido oficialista, obtuvo una mayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021.
Tal y como lo establece el Gobierno norteamericano en su informe público, las autoridades salvadoreñas acordaron con los líderes de las pandillas brindar incentivos financieros a las pandillas para “garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos” y de ofrecer teléfonos celulares y prostitutas a los líderes pandilleros encarcelados.
De igual forma, en febrero de 2020, el gobernante envió tropas armadas al Congreso exigiéndoles a los congresistas la aprobación de un plan para asegurar un préstamo de US$ 109 millones para abordar la violencia de las pandillas. De más está decir que los legisladores lo aprobaron.
¿Cómo podemos explicar lo que pasa en El Salvador? La duda de muchos analistas se basa, más allá de las cifras de la criminalidad aportadas por el gobierno, en el hecho de que no existe manera de contrastarlas, de evaluar objetivamente las estrategias que habrán tomado las autoridades para llegar a tan excelentes resultados, de monitorear el funcionamiento de los distintos organismos del Estado que han participado, para incluso copiar dichas políticas para el bienestar de los países vecinos, también con graves problemas por el incremento de la violencia y la participación de las maras. Respuestas respecto al por qué han sido aceptadas las cifras oficiales sin discutirlas puede haber muchas. Hay dos conceptos que quisiéramos introducir para tratar de explicar la situación. Uno se basa en la percepción, y el otro en el manejo a gran escala de lo que nos llevaría a un espejismo, conduciéndonos a creer situaciones que en la realidad no existen, o por lo menos, no de la manera en que nos lo han hecho creer. Vamos a tratar de hacerlo desde estas dos vertientes.
Desde hace unos cuantos años ha venido analizándose un fenómeno conocido como “el espejismo de la mayoría”, descrito en 2016 por Kristina Lerman. Si bien este novedoso concepto viene aplicado a las redes sociales, quisiéramos intentar trasportarlo a la vida diaria a fin de tratar de asimilar la influencia que puede existir por la opinión de unos cuantos, que, por su posición de poder o supremacía, pueden hacer ver en la mayoría una realidad que en el fondo no existe.
El espejismo de la mayoría se da cuando en una red, un fenómeno que no es mayoritario es percibido como si lo fuera por la mayoría de los miembros de la red. Escojamos algún tema insertado por alguna persona en una red social y cierta opinión del tema, esa persona (en una gráfica se vería determinado como un nodo) tiene una opinión específica sobre dicho tema y tiene ciertos contactos que representarían las aristas de los nodos (personas), la opinión que percibe el nodo como mayoritaria será la opinión que más se repita en sus contactos. Esto es que, si unas pocas personas (nodos) tienen una opinión diferente a la mayoría de la red, pero son muy influyentes, la opinión mayoritaria que percibe la red social será la de estos pocos nodos, aunque la realidad sea otra.
Siguiendo con esta idea, en la vida real, y El Salvador puede ser uno de los casos, puede suceder que lleguemos a pensar que existe una idea mayoritaria- como que el crimen ha desaparecido en ese país-y tomemos decisiones, hagamos análisis y saquemos conclusiones a partir de esta idea pensando que la mayoría está de acuerdo con aquella, cuando es el caso que solo un pequeño sector muy influyente es quien le ha dado fuerza a la información creando un espejismo en la mayoría de las personas.
Otra de las explicaciones que podemos presentar es la de la percepción. Como dijimos anteriormente, la percepción es uno de los elementos fundamentales en los cuales los analistas de seguridad nos basamos para verificar el funcionamiento de las políticas de orden público. Existen infinidad de conceptos sobre la percepción. Uno de los más sencillos lo extrajimos de la Real Academia de la Lengua Española (RAE): “Sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales”.
Una de las estrategias que tradicionalmente se ha utilizado para dirigir la percepción de las personas es mediante el uso de la propaganda. Uno de los tristemente célebres manejadores de la propaganda en el mundo fue Joseph Goebbel, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. Goebbel era conocido por su profundo antisemitismo y su incitación a la discriminación racial en la Alemania nazi.
A las obras de construcción suntuosas ordenadas por Hitler se le unía el manejo de la propaganda por Goebbel, la cual hasta el final de los días de la guerra hacia ver a los alemanes que el triunfo estaba cerca.
De la infinidad de casos exaltados por la propaganda nazi hubo uno que sirvió de excusa en aquellos tiempos para que la comunidad internacional evitara pronunciarse sobre el genocidio contra los judíos. En junio de 1944, la policía de seguridad alemana permitió que un equipo de la Cruz Roja Internacional inspeccionara el gueto de “Theresienstadt”, que se encontraba ubicado en lo que sería la actual Republica Checa. Theresienstadt fue fundado por la policía y las SS en noviembre de 1941 como un instrumento de propaganda. En preparación para dicha visita, el gueto se sometió a un programa de embellecimiento. Incluso, después de la inspección fue objeto de una película sobre la maravillosa vida que llevaban los judíos allí adentro. A la terminación de la producción de la película los oficiales de las SS deportaron a la mayoría de sus participantes al centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau.
El régimen nazi utilizó a la propaganda para movilizar a la población alemana en apoyo de la guerra y en la justificación del exterminio de los judíos y otras razas a quienes aquellos no consideraban humanas. No importaba que Berlín estuviera prácticamente tomada por los soviéticos, que casi no quedaran construcciones en pie, que no hubiera soldados nazis que combatieran (teniendo que reclutarse a niños como soldados), la propaganda continuaba. Con esto, se mantenía la percepción de los ciudadanos respecto a que nada estaba perdido, que pronto Alemania recuperaría su esplendor. Obviamente sabemos que nada de esto era real.
Podríamos pasar toda una vida estableciendo ejemplos de lo que significa el dominio de los elementos que dirigen la percepción del ser humano hacia situaciones fantasiosas. Solo para sustraernos del pasado tenebroso que significo el Tercer Reich vamos a mencionar un ejemplo de actualidad, Costa Rica.
De acuerdo con el informe “Integrated Country Strategy”, (https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/07/ICS_WHA_Costa-Rica_Public.pdf), del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre los años 2020-2022 Costa Rica llego a ser el primer país de embarque de cocaína en la región hacia los Estados Unidos y Europa. Hoy en día compite con Mexico.
Ese país, llamado “la Suiza de América”, territorio con ofertas increíbles sobre turismo, paisajes hermosísimos, hoteles y resorts extraordinarios, facilidades para los extranjeros que quieran pasar su retiro a la orilla del mar o disfrutando de sus montañas, se ha convertido en una gran escuela para el tráfico de drogas internacional bajo la percepción de la sociedad de ser uno de los territorios más tranquilos y seguros del continente.
Realidad o coincidencia, El Salvador podría tener similitud con el manejo de la percepción en alguno de los casos mencionados. Paralelamente a la utilización de la fuerza pública de manera descontrolada, suspensión de derechos humanos prohibidos de ser conculcados, detención implacable de todo ciudadano que parezca criminal, se puede apreciar una campaña de construcción de obras extraordinarias por su majestuosidad, como la Biblioteca Nacional de El Salvador, el Sunset Park, Parque de la Familia, aeropuertos, puentes, trenes, y muchas más, llegando inclusive a financiarse la realización del conocido concurso Miss Universo en dicho país con un costo inicial de 100 millones de dólares. No dudamos en reconocer que los salvadoreños merecen disfrutar de la modernidad y la belleza en el país, pero no deja de inquietar a muchos el preguntarse hasta qué punto esta imagen transforma la opinión sobre la seguridad de su gente; de tal forma, que El Salvador se piensa como territorio libre de criminalidad cuando es el caso que se sumerge bajo la sombra terrorífica de los muertos en vida en sus cárceles o de los desaparecidos buscados desesperadamente por sus familiares y de quienes nadie responde.
*Especialista en seguridad y defensa. Ex directora de Seguridad Publica de la MACCIH/OEA
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