Venezuela rechazó este martes de manera enérgica el informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que revela que identificaron «graves violaciones al debido proceso» contra las personas detenidas por participar en las protestas ocurridas luego de la elección presidencial del 28 de julio.
La misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU-Ginebra, rechaza enérgicamente el panfleto publicado por la vergonzosa misión de determinación de los hechos, por ser un documento novelesco, un guión fantasioso herencia del difunto Grupo de Lima, y del régimen estadounidense que, a pesar de su maltrecha moral en derechos humanos, pretende dar lecciones al mundo sobre esta institución», indicó la representación de este país caribeño ante la ONU en la red social Instagram (proscrita en Rusia por extremista).
En la presentación de la actualización, llevada a cabo en Ginebra, la referida Misión denunció además una «ola represiva sin precedentes» tras los comicios que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Detenciones donde no se informaron los motivos, ni presentaron orden judicial. Retrasos injustificados de las personas detenidas, la imposibilidad de contar con una defensa de elección propia, la celebración de audiencias en la noche y en los mismos centros de detención, o imputaciones desproporcionadas que implican penas de hasta 30 años de prisión», aseguró en una sesión informativa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
En su comunicado, Caracas aseguró que dicha misión «jamás ha pisado Venezuela», y la acusó de haber «derrochado más de seis millones de dólares en propaganda política en favor de la derecha fascista venezolana».
La administración de Nicolás Maduro señaló que la existencia de lo que consideró como una «írrita misión» es una muestra del secuestro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte de un «reducido» grupo de países occidentales.
Por si fuera poco, su inválido mandato procede de una resolución que obtuvo más votos en contra y abstenciones que votos a favor», añadió en el comunicado.
Asimismo, el Gobierno señaló que la instancia de la ONU no sólo tiene «nula incidencia» en la cooperación en derechos humanos con Venezuela, sino que la «metodología y fuentes que emplea son ampliamente cuestionables por su falta de rigurosidad al tomar como ciertos relatos de redes sociales y medios palangristas de comunicación».
Finalmente, la misión permanente de Venezuela ante la ONU aseguró que continuará trabajando «bajo el sólido» compromiso con los derechos humanos y reiteró su rechazo a cualquier pretensión de imponer mandatos a países sin su consentimiento.
El 11 de octubre, el Gobierno venezolano rechazó la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, tras considerar que se trata de una resolución ilegítima que está al servicio de EE. UU.
La renovación de la misión se dio tres semanas después de que presentara un informe que señala que la administración de Maduro sumergió a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia.
El informe, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indica «que las violaciones y crímenes documentados, incluido el de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro».
La Misión Independiente fue creada el 27 de septiembre de 2019, y desde ese entonces el Consejo de Derechos Humanos ha venido prorrogando su funcionamiento en los últimos cinco años.