La incertidumbre por un nuevo periodo de Nicolás Maduro en el poder podría desencadenar una nueva fase de la diáspora de venezolanos que huyen de la compleja crisis humanitaria, la persecución y la falta de oportunidades.
“La migración continuará. Ya sea reajustándose a los procesos de reunificación familiar que tiene desde hace varios años, seguramente también por quienes han sido víctimas de la represión que se ha dado en los últimos meses. Sin duda saldrá un porcentaje de la población que esperaba un cambio”, afirmó María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, consultada en un análisis hecho por la revista colombiana Semana.
El 30 % de la población venezolana ha salido de forma indefinida de su país en los últimos diez años. Quienes se quedaron han sido principalmente menores de edad o adultos mayores, quienes vivieron la recesión económica de la última década.
Previo a la fecha de la juramentación, el país vivió una ola de arrestos que incluyeron al excandidato presidencial, Enrique Márquez; al yerno de González Urrutia, Rafael Tudares, y a Carlos Correa, activista en favor de la libertad de expresión.
De hecho, la población migrante está integrada por adultos jóvenes en edad de trabajar y quienes aún permanecen en territorio venezolano podrían considerar salir en los próximos meses en un nuevo capítulo de la diáspora que depende del manejo de la política económica y social de Maduro, así como de las medidas internacionales contra su administración.
Este último punto dependerá, por ejemplo, de la nueva administración de Donald Trump, en la Casa Blanca, que asumirá el próximo 20 de enero, quien en su primer periodo presidencial acentuó esas medidas contra el Maduro y apoyó el cerco diplomático en su contra, que en ese entonces promovieron varios gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Iván Duque, en Colombia.
Sin embargo, el panorama con el Gobierno Petro es diferente, porque él se negó a condenar el robo de las elecciones, ha mantenido comunicación diplomática con Maduro y ha cambiado las políticas migratorias internas del país. Por ejemplo, creó una visa de visitante especial para los venezolanos que se vence cada dos años, a diferencia de otros documentos como el antiguo permiso de protección temporal, que regularizó esa población a diez años.
Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, comentó que “existen estudios previos y posteriores a la elección del 28 de julio, en los que ya la población venezolana expresó su determinación de salir de Venezuela después de la elección. Todo indica que habrá un incremento de la migración hacia otros países, especialmente hacia Colombia y Brasil, que son los territorios fronterizos. Habría un flujo de personas caminantes y también de quienes salen por persecución política”.
La frontera de 2.219 kilómetros que comparten ambos países, conectada con siete puentes internacionales que facilitan el tránsito, hace que este sea el destino natural de los venezolanos que intentan huir. Sin embargo, no se puede determinar si estas personas saldrán hacia un tercer país por los cambios en la política migratoria que ha tenido la administración Petro.
El presidente, incluso, ha desconocido la gravedad de la migración en sus intervenciones públicas, asegurando, sin pruebas, que estas personas estarían retornando a su país. Pero las estadísticas hablan por sí solas, ni siquiera la pandemia logró frenar la diáspora y en los últimos meses han llegado actores de la oposición tocando las puertas de las autoridades colombianas para pedir refugio.
En todo caso, si esta población se desplaza hacia Colombia para buscar tránsito a un tercer país seguro, su paso por el territorio nacional implicaría grandes retos para las autoridades locales, por los flujos que se presentan en el Tapón del Darién (hacia Panamá) y en San Andrés, una ruta marítima que ha sido poco documentada y que es utilizada para llegar a Centroamérica y desde allí continuar el tránsito hacia el norte.
Human Rights Watch advirtió desde septiembre del año pasado que están llegando más venezolanos que necesitan protección internacional y cuya situación humanitaria cabe dentro de la definición de refugiado, lo que le da más responsabilidades al Estado colombiano para la atención de esta población.
En todo caso, el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela no será el único que tenga que atender el Gobierno Petro este año, porque sobre la mesa también está el interrogante de qué sucederá con la migración ecuatoriana y colombiana que está utilizando esas rutas.
Si se mira la legislación internacional, los Estados están obligados a brindar apoyo a quienes llegan a su geografía buscando protección, como ha sido el caso de los millones de venezolanos que arribaron a Colombia desde 2015, en procura de las oportunidades que el gobierno de Maduro les quitó en su nación de origen.
En ese sentido, las políticas internas que tome la Casa de Nariño y las posturas en política exterior que asuma la Cancillería a partir de este nuevo mandato de Maduro serán cruciales para determinar el futuro de la migración en el país.