El Gobierno de Nicolás Maduro calificó como “ilegal” y “violatoria a los derechos humanos” la solicitud hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner en marcha la ley de “enemigos externos” contra los venezolanos que sean acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
De lograrse la ejecución de esta ley, EE. UU. se daría la atribución de poder encarcelar o deportar a venezolanos de 14 años en adelante que consideren vinculados con la banda.
Tras darse a conocer este paso que desea dar la administración republicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores compartió el comunicado en nombre de Maduro.
“Con profunda indignación repudiamos la amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad; nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumara a niños como miembros de grupos terroristas, que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos”, dice la misiva.
Expresan que “Venezuela rechaza la persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonio, negocios, vehículos, cuentas bancarias. Asimismo, denunciamos de forma enérgica que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos”.
El escrito también defiende que “en su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni «enemigos extranjeros». Son víctimas”.
“Esta nueva agresión se marca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington con el respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano”, reza el comunicado.
Por último, aseguran que, “ante la gravedad de esta maniobra y legítima y violatoria de los derechos humanos, Venezuela convoca la unidad nacional y al desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político, en defensa de nuestros migrantes y de sus familiares que conviven en nuestro país”.