Por José Luis Centeno S.
IDA integra enfoques previos en un modelo nuevo para implementar decisiones de la Corte IDH.
La materialización efectiva de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en entornos de adversidad institucional exige superar el paradigma tradicional de cumplimiento formal, como señalan Oscar Parra Vera y Stefanía Rainaldi Redon.
En tal sentido, el Caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador evidencia que la mera emisión de sentencias resulta insuficiente cuando los Estados carecen de voluntad política o capacidad institucional.
Frente a esta realidad, salvo mejor criterio, se propone un modelo de Implementación Dialógica Adaptativa (IDA), que se nutre de ideas y enfoques ya presentes en la literatura, pero su valor añadido reside en la integración operativa de estos elementos en un modelo adaptativo, resiliente y orientado a contextos de adversidad institucional, fundamentado en cuatro pilares estratégicos.
1. Monitoreo ciudadano con enfoque de resiliencia. Implica un rol protagónico de la sociedad civil en el seguimiento de las sentencias. Inspirado en Parra Vera y Rainaldi Redon, comporta la creación de observatorios ciudadanos independientes con capacidad técnica para evaluar indicadores estructurales (marco normativo), procesales (acciones concretas) y de resultado (impacto real en víctimas).
La resiliencia aquí se convierte en un criterio clave: estos observatorios deben fortalecer la capacidad de las comunidades para sostener la exigibilidad de derechos frente a retrocesos políticos o institucionales.
2. Mecanismos de exigibilidad multinivel. Siguiendo la experiencia del IPPDH del MERCOSUR y el principio de complementariedad reforzada de José Antonio Quintero Contreras, se propone la articulación de “mesas de incidencia” que integren a víctimas, organizaciones sociales, academia y Estado, coordinando estrategias de litigio y presión internacional con acciones locales.
La exigencia multinivel maximizaría el impacto y reduciría los márgenes de impunidad. Impone el desarrollo de indicadores de resiliencia que midan la capacidad de las víctimas para sostener procesos de exigibilidad ante cambios institucionales bruscos.
3. Diseño de “políticas antifrágiles”. Aunque la antifragilidad no es un concepto que emerge de los textos y/o autores analizados, su inclusión en el modelo IDA como “políticas antifrágiles” se conecta con la necesidad de adaptación constante (en cuanto “campos en construcción”, Daniel Vásquez y Domitille Delaplace dixit) y de transformar las instituciones frente a los desafíos.
Implica que las políticas no solo resistan la adversidad institucional, sino que se fortalezcan a partir de ella. Lo cual se traduce en la implementación de micro-políticas locales, flexibles y experimentales, orientadas a grupos históricamente excluidos.
4. La diplomacia creativa. En entornos institucionales complejos, donde los canales formales de incidencia pueden ser bloqueados o cooptados, la diplomacia creativa se erige como un instrumento fundamental para abrir caminos, construir alianzas y movilizar recursos y legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional.
Implica tejer alianzas transversales. No solo entre Estados y organismos internacionales, sino también entre sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y redes regionales.
La experiencia del IPPDH y de la Corte IDH demuestra que presión y el acompañamiento internacional, cuando se articulan con actores locales, pueden desbloquear procesos y generar ventanas de oportunidad para la implementación de políticas transformadores (IPPDH, “Ganar Derechos”).
De hecho, la sostenibilidad de este modelo depende, en buena medida, de la capacidad de la diplomacia creativa para mantener la agenda de derechos humanos en el centro del debate público, especialmente en contextos adversos, y para asegurar que las políticas públicas sean legítimas, inclusivas y resilientes.
La apuesta por un modelo de Implementación Dialógica Adaptativa (IDA) no es una utopía. Esta sistematización facilita una hoja de ruta práctica y estratégica para la materialización de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, superando la fragmentación habitual de enfoques y promoviendo la resiliencia y la corresponsabilidad social.
Aunque cada uno de los componentes del modelo IDA ha sido planteado con anterioridad en diversos documentos, informes y análisis académicos, esta propuesta completa como un modelo integrado, adaptativo y dialógico para enfrentar la adversidad institucional en la implementación de decisiones de la Corte IDH, es una formulación novedosa que aporta una perspectiva estratégica y practica para avanzar en la efectividad de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en América Latina.