El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este lunes 14 de julio que la nueva Norma especial sobre la campaña electoral para las elecciones municipales 2025, publicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), constituye «una grave restricción a los derechos políticos del pueblo venezolano» y «un nuevo paso en el desmontaje de las garantías constitucionales».
La norma, dada a conocer oficialmente a las organizaciones políticas apenas el pasado viernes 11 de julio, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 27 de julio, prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la abstención.
«Esta disposición, además de arbitraria, desconoce que en Venezuela el voto es un derecho y no una obligación, tal como lo consagra expresamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999», afirmó Oswaldo Ramos, miembro del Buró Político del PCV, en una declaración de prensa.
El dirigente explicó que «decidir no participar en un proceso electoral es también una manifestación política legítima» y agregó: «especialmente cuando la cúpula gobernante ha dejado al pueblo sin opciones reales, bloqueando a las fuerzas revolucionarias e independientes que no se subordinan a los intereses de los bloques burgueses encabezados por Nicolás Maduro y María Corina Machado».
El PCV manifestó que los mecanismos de participación popular «han sido secuestrados».
«Hoy solo pueden postularse quienes cuenten con el visto bueno del poder, en un sistema que simula elecciones pero niega el derecho a elegir. Las vías institucionales para que los trabajadores expresen su voluntad política han sido cerradas deliberadamente por el Gobierno-PSUV, imponiendo una democracia tutelada», apuntó Ramos.
El Buró Político del PCV reiteró su exigencia de renuncia inmediata de los rectores del CNE y el nombramiento de nuevas autoridades electorales «que garanticen la legalidad, imparcialidad y transparencia».
Repudio a retención ilegal de niños venezolanos en Estados Unidos
El Buró Político del PCV «repudió enérgicamente la detención ilegal de niños venezolanos en Estados Unidos», quienes fueron separados de sus padres y trasladados a hogares de acogida mientras sus progenitores fueron deportados arbitrariamente por el gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con denuncias documentadas, al menos 30 niñas y niños venezolanos, con edades comprendidas entre 1 y 12 años, permanecen retenidos en territorio estadounidense, «como consecuencia de una política migratoria profundamente xenófoba, violatoria del derecho internacional y plagada de abusos contra los derechos humanos», denunció Ramos.
«El Partido Comunista de Venezuela condena esta política que criminaliza la migración y atenta contra la integridad de familias trabajadoras que han sido forzadas a salir del país en busca de condiciones dignas de vida», agregó.
El dirigente recordó que «millones de venezolanos han abandonado su tierra como resultado de la crisis estructural del capitalismo dependiente, de la política neoliberal aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro y de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo estadounidense».
Bono vacacional de trabajadores de la educación es insuficiente
El PCV se hizo parte de las denuncias sobre el pago del bono vacacional a los trabajadores de la educación al cierre del año escolar.
«El pago de un bono de 54 dólares a los trabajadores de la educación es a todas luces insuficiente, pues está lejos de cubrir sus necesidades mínimas», afirmó Ramos.
El militante comunista explicó que la administración de Nicolás Maduro, «continúa aplicando una política antisalarial, basada en la imposición ilegal de bonos sin incidencia en el salario, lo que viola lo establecido en el artículo 104 de la ley del trabajo y en el artículo 91 de la Constitución».
En este sentido, el Partido del Gallo Rojo reiteró su exigencia de que todos los bonos sean incorporados al salario base, con incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y demás beneficios.
Descuentos bancarios ilegales a jubilados del Inces
Por otra parte, el PCV rechazó los descuentos ilegales a jubilados del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) tras migración de sus cuentas de nómina al Banco Digital de los Trabajadores
«Esta práctica es absolutamente ilegal, ya que viola lo establecido en el artículo 102 de la ley del trabajo, que prohíbe expresamente cualquier descuento no autorizado que afecte la integridad del salario o las pensiones», detalló Ramos.
«Ahora a los jubilados del sector público, además de pagarles salarios y pensiones de hambre, se les descuenta parte de sus ingresos mediante comisiones bancarias ilegales», concluyó.