Por Robert Alvarado
“La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad”. Simón Bolívar
Cuando se observa una injusticia, sabiendo que la persona es inocente de todos los hechos que le atribuyen, es lógico sentir indignación, rabia, con mayor razón si el común de las personas guarda silencio, porque no les importa o simplemente por apatía a estos hechos reprochables. Así, el rostro de la injusticia se hace chocante, como lo demuestra la historia del pianista Guillermo Castillo Bustamante, quien vivió momentos difíciles en la cárcel de Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Por oponerse a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Como signo de su indeclinable espíritu indomable, en su cautiverio escribió un poemario, al que puso por título “Escríbeme”. El 14 de agosto de 1956, pensando en su hija Inés, Castillo Bustamante compuso Escríbeme, que no es más que una conmovedora narrativa que refleja la lucha y la esperanza de un músico y poeta venezolano en tiempos muy difíciles, similares a los que viven un gran número de venezolanos tras las rejas. En este contexto, la canción se convirtió en un himno de resistencia y un símbolo de la libertad y la esperanza.
Al año siguiente, 1957, Castillo Bustamante fue expulsado del país y se exilió en Costa Rica con su amigo Alfredo Sadel. El tenor venezolano, al enamorarse de la música y la letra de este poema, la difundió a los cuatro vientos:
“Son tus cartas mi esperanza
mis temores mi alegría
y aunque sean tonterías escríbeme, escríbeme.
Tu silencio me acongoja,
me preocupa y predispone
y aunque sea con borrones escríbeme, escríbeme.”
Sadel interpretó “Escríbeme” por primera vez en El Show de las Doce, que se transmitía a través de Radio Caracas Televisión. Con el tiempo, diferentes artistas versionaron esta canción, como Lucho Gatica, Javier Solís, Simón Díaz e Ilan Chester.
Volviendo a las condiciones carcelarias en las que fue escrita esta canción, mejor dicho, este poema, y las injusticias que subyacen en esta composición, las redes sociales nos llevan a un contexto en el cual se generó una injusticia similar a la infligida a Castillo Bustamante. Ocurrió en Bolivia, en el llamado “golpe de Estado”, luego del cual Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, siendo llevada a la Cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Las irregularidades de este caso surgieron desde que Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia en 2019, tras la renuncia de Evo Morales, presionado por las fuerzas armadas. Este hecho fue calificado por el oficialismo como un “golpe de Estado”. Curiosamente, ahora son los mismos sectores que antes defendían a Evo Morales quienes lo critican e incluso promueven su inhabilitación, debido a sus intentos de perpetuarse en el poder, aplicando contra él la misma falta de justicia que acusaron en el caso de Áñez. Cabe destacar que, durante la crisis política de 2019, cuando Morales salió del país, se le permitieron todas las garantías constitucionales y no se le impuso ningún obstáculo. Fue él quien renunció a la presidencia y, ante la renuncia también de su vicepresidente y de los presidentes de ambas cámaras, Jeanine Áñez, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia conforme a la línea de sucesión. Tras casi un año en el poder, el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al gobierno con Luis Arce, mediante elecciones libres en las que ningún candidato fue inhabilitado. Áñez no se postuló a la presidencia y su objetivo fue garantizar la estabilidad democrática en Bolivia durante un periodo de crisis. Es esta conducta democrática, puesta de manifiesto por ella, la que agrava la injusticia cometida en su caso.
Así las cosas, Jeanine Áñez es víctima de lo que se considera una injusticia, o sea, la ausencia de equilibrio y equidad en el trato judicial. No es un fenómeno aislado, en América Latina han abundado y abundan situaciones similares, caracterizadas por procesos judiciales politizados o con garantías limitadas. De hecho, la propia OEA ha manifestado su preocupación, junto a otros organismos internacionales, por la situación de la justicia en Bolivia, señalando que el sistema no brinda garantías de un juicio justo para la expresidenta Áñez, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, cuando en realidad facilitó la transición a la democracia. Sin embargo, estas inquietudes de los entes internacionales parecen no haber tenido consecuencias más allá de simples declaraciones. Algunos sugieren que el silencio internacional podría estar vinculado a decisiones políticas de Áñez, como su homenaje, poco antes de dejar el cargo, a los soldados que participaron en la captura y ejecución del Che Guevara. Esta acción despertó controversia: mientras algunos sectores lo vieron como un acto de valentía, otros, como el analista Carlos Soria, criticaron duramente los mensajes hacia la figura del Che, considerándolos excesivos y propios de los peores momentos de la Guerra Fría. Así, el caso de Áñez trasciende lo jurídico, evidenciando profundas divisiones sociales y políticas tanto en Bolivia como en el continente.
Lo cierto es que Jeanine Áñez permanece detenida en la Cárcel de San Pedro en La Paz y espero, en el nombre de Dios, que pueda recuperar su libertad y superar la injusticia que ha enfrentado. Reflexionando sobre este caso, recuerdo las palabras de mi colega, el abogado colombiano Dr. Abelardo De La Espriella, quien en un discurso ante el Congreso de Colombia afirmó: “El peor de todos los delincuentes es el funcionario judicial que desconoce la ley para fabricar pruebas y perseguir a un inocente. Ese es el peor bandido, peor que los narcotraficantes, los paramilitares o la guerrilla. Porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley. Representa el espíritu de la nación y la democracia. Estos políticos de pacotilla que nos gobiernan pueden enloquecer, pero los jueces no pueden hacerlo, porque son nuestra conciencia, el alma de nuestra sociedad.” Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la justicia imparcial y la responsabilidad de quienes la administran.
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