Por José Luis Centeno S.
Análisis latinoamericano de políticas públicas sirve para entender un marco normativo venezolano.
El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, analizado en el contexto latinoamericano y mexicano, presenta retos en países como Venezuela, por ofrecer herramientas clave para fortalecer la justicia y la participación ciudadana, haciendo de la dignidad y los derechos el centro de la gestión estatal y marco legal.
En este sentido, la obra titulada “Políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos”, publicada en diciembre de 2022, es una valiosa contribución académica que nació del trabajo conjunto entre la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Ciudad de México y el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS).
Sus autores, coordinados por Carlos Ricardo Aguilar Astorga, ofrecen un análisis profundo y accesible sobre cómo las políticas públicas pueden y deben tener un enfoque basado en los derechos humanos para lograr un impacto real y justo en la sociedad.
Aunque el texto está especialmente enfocado en los contextos latinoamericano y mexicano, sus principios y enseñanzas son aplicables en otros países de la región, como Venezuela. Los autores promueven la idea de que los derechos humanos no son un detalle en las políticas públicas, sino el núcleo mismo que debe guiar cada decisión y acción gubernamental.
Una idea central de este enfoque es que las políticas públicas no deben limitarse a ofrecer programas asistenciales o beneficios donde las personas son simples receptores pasivos. Más bien, deben reconocer a las personas como sujetos de derechos, con plena capacidad para exigir, participar e influir en las soluciones a sus propios problemas.
Para comprender cómo se implementa este enfoque en la práctica, la obra expone cuatro obligaciones clave del Estado respecto a los derechos humanos, que también están presentes en la legislación venezolana actual:
Respetar: El Estado no debe realizar ninguna acción que ponga en riesgo o vulnere los derechos humanos. En Venezuela está obligación se encuentra establecida en la Carta Magna y, de manera específica, en la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública (Gaceta Oficial N° 6.658 Extraordinario 28-10-2021), que impone a los funcionarios públicos evitar cualquier violación a los derechos.
Proteger: Más allá de abstenerse de violar derechos, el Estado debe impedir que terceros (como particulares o empresas) lo hagan. La misma ley venezolana incorpora esta función protectora como un deber de la administración pública para salvaguardar esos derechos.
Garantizar: El Estado (según la obra y la ley en referencia) tiene la responsabilidad de crear y facilitar las condiciones que permitan el disfrute real y efectivo de los derechos humanos. Esto implica entregar los recursos y servicios necesarios para que las personas puedan ejercer sus derechos plenamente.
Promover: El estado debe fomentar el conocimiento, la educación y la difusión de los derechos humanos entre las personas. En Venezuela, el mismo marco legal establece que los órganos de gobierno deben incluir formación en derechos humanos en los procesos de ingreso a la función pública y promover incentivos para los funcionarios comprometidos con proteger y respetar estos derechos.
Estas cuatro obligaciones están insertas en la normativa venezolana referida y representarían un deber: transformar la gestión pública en un espacio donde los derechos sean la base de cada actuación.
La obra bajo análisis, resalta que dicha perspectiva no solo ayuda a construir un Estado más justo, sino que también impulsa a superar la inercia institucional; es decir, cambiar aquella práctica tradicional donde los derechos humanos no eran o no son una prioridad real.
Para concluir, la obra es una invitación inspiradora y práctica a repensar las políticas públicas como herramientas que reconocen y promueven la dignidad y los derechos de cada persona. Así las cosas, ofrece un marco fundamental para que Venezuela y otros países de la región reflexionen y actúen con una visión renovada y comprometida con la justicia social y los derechos humanos.