Por Robert Alvarado
“Porque el peor de todos los delincuentes es el funcionario judicial quien desconoce la ley para fabricar pruebas y perseguir a un inocente, ese es el peor bandido de todos, peor que los narcos. Que los paramilitares que la guerrilla. Porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley. El funcionario judicial representa el espíritu de la nación y la democracia. Estos políticos de pacotilla que nos gobiernan se pueden enloquecer todos, pero los jueces no se pueden enloquecer porque son nuestra consciencia son el alma de nuestra sociedad…” Aberlardo De La Espriella
En horas de la tarde del día martes 19 de agosto de 2025, se escuchó en los pasillos de los tribunales colombianos que Uribe Vélez había recuperado su libertad. La noticia cayó como un “baldado de agua fría” para sus opositores, pero “Libre no es igual a inocente”. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la liberación inmediata del expresidente y aunque su bancada del Centro Democrático festejó la decisión, lo cierto es que para un sector político todo no es “color de rosa”. Lo cierto es que dejaron sin efecto la reclusión domiciliaria al considerar el alto tribunal que no se demostró el peligro de fuga del tutelante, o sea, de un expresidente; que, de paso, es propulsor de la seguridad democrática y fundador del centro democrático, una fuerza política con presencia nacional y con la capacidad de suceder al presidente Gustavo Petro, hechos que denotan arraigo en el país.
Lo que se conoció de la decisión es que viene siendo un fallo en respuesta a una tutela interpuesta por Álvaro Uribe, argumentando que la decisión de la jueza Sandra Heredia violaba sus derechos. El hecho sobrevenido, Uribe está libre hasta que esta Alzada defina si mantiene la condena al expresidente en segunda instancia por el caso de supuesta manipulación de testigos. En primera instancia fue condenado a 12 años de prisión y su defensa apeló la decisión. Los argumentos que tomó el tribunal de alzada para dar su decisión: “el buen comportamiento” de Uribe durante su juicio “y su asistencia voluntaria a las citaciones” judiciales, lo que, “contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad”.
Sorprende que el Tribunal Superior de Bogotá, es decir, la Alzada, regañó a la jueza Sandra Heredia por no tener en cuenta estos aspectos al momento de imponer la sanción de casa por cárcel en primera instancia: “El análisis con el que se motivó la captura inmediata del tutelante, no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos, en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual”, dice el fallo de tutela de 38 páginas, proferido por la sala integrada por los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero Baquero, ya que al magistrado Ramiro Riaño Riaño le fue aceptado el impedimento para conocer el caso.
Lo más aberrante de este caso, la juez Sandra Heredia desconoció el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad, lo cual resulta desproporcionado ya que prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria. “Aquí se procuró el cumplimiento de esa sanción de manera anticipada para la resocialización, con un fundamento ambiguo como la preocupación de que la sociedad interprete esa libertad como un escenario de impunidad”, señalaron los magistrados del Tribunal. O sea, estaríamos ante la confirmación tácita de una decisión con fundamento político, en lugar de una sentencia motivada jurídicamente. Así las cosas, la Jueza Sandra salió muy mal parada con esta decisión de Alzada.
Uribe pasó 19 días en prisión domiciliaria en su finca en Rionegro, Antioquia. Durante este período no paró de tener reuniones políticas y contacto con el exterior a través de sus redes sociales. Sin embargo, no pudo asistir al funeral del senador Miguel Uribe, un momento de dolor para el Uribismo. Como un tributo a Miguel, permítanme la expresión, la decisión de este órgano judicial de Alzada restituye la situación jurídica infringida por Sandra y con ello la propuesta política de la coalición democrática, ideada por el expresidente Uribe, se fortalece como postulado del rescate de la libertad en Colombia y la sustitución del pacto histórico con sabor a mermelada que llevó a Petro al poder.
En el contexto político colombiano actual, la libertad de Álvaro Uribe fortalecerá significativamente la coalición democrática en todo el país, generando un escenario favorable para la elección de un nuevo presidente en 2026. Esto cobra mayor relevancia si consideramos la potencial convergencia entre los principales partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Verde e incluso una fracción importante de los Liberales, que juntos podrían construir una alianza democrática sólida e invencible.
Esta coalición tendría como un referente emotivo y simbólico al senador asesinado Miguel Uribe Turbay, cuya memoria está profundamente arraigada en el sentir nacional, en gran parte gracias a la valentía de su esposa, quien ha hecho visible el dolor y la esperanza del país al lado de Miguel Uribe, otrora aspirante presidencial. En ese sentido, la fórmula vicepresidencial de esta coalición debe incluir una figura renovadora y con gran proyección, como María Claudia Tarazona, quien sería un relevo natural y estratégico para suprimir descomposturas como las de Francia Márquez, aportando juventud, liderazgo y un enfoque fresco a la alianza democrática.
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