Por José Luis Centeno S.
Situaciones complejas demandan políticas adaptativas y articulación genuina.
El papel del Estado y la sociedad civil en contexto críticos y de emergencia es un tema que amerita una mirada profunda y práctica en relación a cómo las políticas públicas encaran las vulnerabilidades de las poblaciones más afectadas en situaciones difíciles, como las que vive actualmente Venezuela.
Lo anterior implica no sólo la acción gubernamental, sino también una estrecha vinculación con la sociedad civil y redes de cooperación que permitan respuestas integrales, participativas y sensibles a las necesidades específicas de “poblaciones potencialmente vulnerables en dichos contextos”.
Gestionar políticas públicas en contextos críticos y de emergencia implica enfrentar desafíos que no son simples ni lineales; al contrario, se lidia con problemas complejos, dinámicos y controversiales.
En este sentido, emerge el concepto de “Wicked problem”, acuñado en el ámbito de políticas públicas para describir aquellas situaciones que presentan características particulares que dificultan su resolución. Al punto, que se ha hecho común identificarlo también como “problema maldito”, por lo intrincado y difícil de resolver.
Estos problemas se caracterizan por tener causas múltiples e interrelacionadas, falta de consenso sobre la definición del problema y conflictos en los valores e intereses de los actores involucrados, lo que hace que no haya una solución definitiva o única. Ejemplos típicos son la pobreza, la violencia, la desigualdad, la crisis migratoria o la gestión de desastres naturales.
Frente a estos problemas, las políticas públicas deben orientarse no a resolverlos de manera definitiva, algo casi imposible, sino a manejarlos y mitigarlos a través de acciones adaptativas, coordinadas y participativas, que integren el conocimiento diverso de la sociedad y el Estado.
En paralelo, el concepto de “Gobernanza inteligente” se presenta como una respuesta innovadora para enfrentar esta complejidad. Se trata de un modelo que aprovecha las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la toma de decisiones, fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la gestión pública.
Muy importante, no se trata solo de digitalizar procesos, sino de un cambio cultural en el Estado, que oriente su acción hacia la generación de valor público y soluciones centradas en las necesidades reales de la ciudadanía. Enfoque que comporta un gobierno más abierto, inclusivo y adaptativo.
Para que estas estrategias sean efectivas, en especial en contextos como el de la mayoría de los países latinoamericanos, marcados por severos desafíos económicos, sociales y políticos, es indispensable fortalecer dos aspectos clave.
Primero, la “profesionalización de las burocracias”, algo que se ha procurado en América Latina desde diversas perspectivas, pero persisten retos, por caso, frente a la politización y otros factores análogos.
Enfatizo la politización, ya que la profesionalización de las burocracias precisamente significa, salvo mejor criterio, que las personas que trabajan en el gobierno puedan hacer su trabajo de manera técnica, honesta y pensando en el bienestar a largo plazo, más allá de intereses políticos inmediatos. Tremendo desafío.
En segundo lugar, la sostenibilidad de las redes de colaboración entre Estado y sociedad civil. Obvio, en contextos críticos y de emergencia, la cooperación y coordinación entre múltiples actores es fundamental para abordar la complejidad y vulnerabilidad de las poblaciones. De lo contrario, un “problema maldito” pudiese generar circunstancias aún más adversas.
Este enfoque no solo abre caminos para mejorar la respuesta ante emergencias y crisis, sino que también sienta las bases para la reconstrucción del tejido democrático y social, a partir de la articulación efectiva entre un Estado capaz y una sociedad civil activa y organizada.
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