Robert Alvarado
“-¿Qué hará usted si el gobierno termina por estatizar la empresa? Y su respuesta fue -Montaría de inmediato una fábrica de velas.” Oscar Machado Zuloaga ex-presidente de La Electricidad de Caracas
El servicio eléctrico en Venezuela ha sido motivo de dolor para su población, especialmente desde la nacionalización de las empresas eléctricas privadas en el año 2008, incluyendo a Cadafe. Aunque Cadafe, una empresa del Estado con una estructura de mando descentralizado, solía ser regular y confiable, su calidad se ha visto afectada desde entonces debido a la unificación de las empresas en una sola, Corpoelec. Desde que salió esa empresa, muchos venezolanos han experimentado una innovación importada de Cuba: cortes de luz y suministro irregular. La corrupción ha desempeñado un papel fundamental en la crisis eléctrica en Venezuela, afectando gravemente la eficacia de la gestión del sector eléctrico y contribuyendo a su deterioro.
Algunos de los aspectos más relevantes sobre cómo la corrupción impacta la crisis eléctrica incluyen: La desviación de recursos o malversación de fondos. Los recursos destinados al mantenimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica fueron mal administrados o desviados por parte de funcionarios corruptos. Esto llevó a una falta de inversiones necesarias para garantizar un suministro eléctrico adecuado. Bajo contratos fraudulentos o la entrega de contratos a empresas que no cumplían con los estándares necesarios o que eran seleccionadas a través de prácticas corruptas, se perpetuó la obsolescencia de la infraestructura eléctrica. Con una ineficiencia en la gestión con el nepotismo y clientelismo. Por supuesto, la asignación de cargos dentro de las empresas eléctricas a personas sin la debida experiencia o capacidad técnica, en favor del favoritismo político, ha contribuido a la ineficiencia en la operación y mantenimiento del sistema eléctrico.
Con una falta de rendición de cuentas, la opacidad en la gestión de Corpoelec y otras instituciones es descomunal y ha dificultado la supervisión y control sobre cómo se manejan los recursos, lo que contribuye a que la corrupción persista siendo detectada, más no enfrentada. Esto conllevó parálisis en la toma de decisiones y prioridades distorsionadas, insisto, por la corrupción, que ha llevado a que las decisiones en el sector eléctrico se basen más en intereses personales o políticos que en el bienestar de la población. Esto hace nugatoria la implementación de políticas efectivas y exacerba la crisis en dificultades para implementar reformas. Claro, la resistencia al cambio por parte de funcionarios corruptos, que se benefician del statu quo, complica cualquier intento de reforma significativa en el sector eléctrico. En consecuencia, el impacto en la calidad del servicio por falta de mantenimiento e inversión lo sentimos todos en Venezuela. Innegable, la corrupción ha resultado en una insuficiente inversión en mantenimiento y actualización de la infraestructura eléctrica, lo que a su vez provoca cortes frecuentes y problemas de calidad en el suministro eléctrico, que en mi Linda Barinas crea un ambiente desolador.
Como la desconfianza pública y la deslegitimación del gobierno y la epidemia de corrupción ha generado una creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales, la población ha perdido la confianza, mejor dicho, rechaza cualquier anuncio de esfuerzo de reforma o mejora en el sector eléctrico. El descontento social y la frustración de la población ante los constantes apagones y la percepción de que los problemas son resultado de la corrupción, son hechos que complican aún más la gobernabilidad y la toma de decisiones. Por eso, la corrupción como factor decisivo en la crisis eléctrica en Venezuela, contribuyendo al deterioro de la infraestructura, la ineficiencia en la gestión y la falta de inversión, ha generado un problema social de marca mayor, porque para abordar de manera efectiva la crisis eléctrica, es crucial enfrentar y erradicar la corrupción en el sector, fomentando una mayor transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos eléctricos. Sin un enfoque claro y efectivo contra la corrupción, las soluciones temporales no serán suficientes para resolver la crisis a largo plazo. Propósito alto difícil de materializar incluso en transición, de hecho, no le veo cabida en las tres fases delineadas por el catire Trump.
De tal forma, que la crisis eléctrica en Venezuela ha sido un problema persistente que se ha agudizado en los últimos años, afectando a la población y a la economía del país. Con una inestabilidad política, dada la polarización política que vive Venezuela, se ha obstaculizado la implementación de soluciones a largo plazo y la colaboración con expertos y organismos internacionales. Desconfianza en las instituciones y pérdida de credibilidad con la incapacidad de las autoridades para solucionar la crisis eléctrica y la percepción de que la administración del sector ha sido desorganizada o corrupta ha llevado a una mayor desconfianza entre la población. Esto se traduce en una falta de apoyo y cooperación de la ciudadanía en iniciativas necesarias para mejorar el sector.
En el contexto actual, bajo el gobierno transitorio, Delcy Rodríguez debería tomar un papel protagónico como funcionaria responsable del sector energético, enfrentando el desafío de abordar una crisis eléctrica que tiene profundas raíces históricas. Con una implementación de medidas de emergencia tomado acciones para intentar mitigar la crisis de forma inmediata, aunque las soluciones a largo plazo puedan lucir inciertas. Llevando un diálogo con expertos más no con mediocres y reconocer que hay una crisis eléctrica es un problema crítico que debe ser abordado urgentemente, pero las soluciones propuestas deben superar la política y el enfoque ideológico para parar esta crisis eléctrica.
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