Chile decidió rechazar, por segunda vez, una propuesta que buscaba reemplazar su Constitución actual.
Con más del 55% de respaldo, la opción «en contra» se impuso al «a favor», que consiguió un 44% de apoyo en el plebiscito realizado este domingo 17 de diciembre.
El país sudamericano ha pasado los últimos 4 años intentando cambiar su Carta Magna, desde que se presentó como una alternativa para resolver las fuertes tensiones del estallido social que comenzó en octubre de 2019.
El proceso fue seguido de cerca por el mundo, como un posible ejemplo de esperanza sobre cómo atender los reclamos sociales a través de mecanismos democráticos.
Pero el primer intento fracasó en septiembre de 2022, cuando un 62% votó «rechazo» a una propuesta que fue calificada por algunos como «refundacional».
Un año y tres meses después, los chilenos volvieron a decir que no a un documento que, para muchos, era más conservador que la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (pero reformada varias veces en democracia).
El resultado de los comicios significa una derrota para la extrema derecha liderada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, que comandó esta segunda propuesta.
Y una victoria amarga para los sectores mayoritariamente de izquierda que estaban detrás de la opción «en contra» pero que, por segunda vez, perdieron en su anhelo histórico de cambiar la Constitución actual.
¿Cómo se explica que Chile haya tropezado dos veces en este proceso a pesar de que inicialmente un 80% de los chilenos votó a favor de reemplazar su Carta Magna vigente?
Aquí te explicamos.
1. Críticas a los contenidos de la propuesta y al consejo
De acuerdo con los analistas consultados por BBC Mundo, una de las razones que explica el triunfo del «en contra» es que los principales contenidos de la propuesta no reunían acuerdo transversal.
Los críticos del documento lo calificaron de “profundamente neoliberal” y afirmaron que no respondía a las principales demandas que surgieron con fuerza en las masivas manifestaciones en 2019, como reformas a los sistemas de salud, educación y pensiones.
La propuesta privilegiaba un sistema mixto en la provisión de estos servicios. En salud, decía que la ley debía establecer un plan de salud universal, el cual podía ser ofrecido por instituciones estatales y privadas.
Algo similar planteaba en el caso de las pensiones, donde el Estado debía garantizar el acceso a prestaciones básicas y universales que podían ser otorgadas a través de «instituciones públicas o privadas».
Y en educación, se acentuaba la «libertad de enseñanza» y el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos.
Según sus críticos, con lo anterior el texto no aseguraba una mayor participación e implicación del Estado en la provisión de estos servicios, sino todo lo contrario: consolidaba el modelo del «Estado subsidiario» que existe actualmente y que, para muchos, es el responsable de la desigualdad estructural en el país.
También se cuestionaron artículos como el que decía «la ley protege la vida de quien está por nacer» o el que establecía la «objeción de conciencia» pues, para algunos, se podían poner en peligro derechos de las mujeres como la ley de aborto bajo tres causales que rige en Chile desde 2017, o el acceso a la píldora del día después.
Incluso, líderes de la propia derecha, como la alcaldesa Evelyn Matthei, que apoyó la opción “a favor”, cuestionaron el texto señalando que se parecía más a un “programa de gobierno” del excandidato presidencial José Antonio Kast.
«Había normas que ideológicamente llevaron a que la izquierda se alineara en contra de una propuesta que era evidentemente cargada a la derecha», le explica a BBC Mundo Isabel Castillo, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
«En algunos sectores hubo la noción de que se exageró en el contenido», agrega por su parte Javier Sajuria, politólogo chileno y profesor de la Universidad Queen Mary de Londres.
La labor del consejo tampoco fue bien evaluada por la ciudadanía.
Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizada en julio, en medio del proceso, casi un 40% de las personas consideraba que lo hizo «mal o muy mal» y sólo un 19% que lo hizo «bien o muy bien».
«Estamos frente a un hecho bastante anómalo, donde en ambos intentos por cambiar la Constitución fallaron tanto el mecanismo como el contenido«, le dice a BBC Mundo Octavio Avendaño, doctor en ciencias políticas y académico de la Universidad de Chile.
2. «Hastío» constitucional y otras prioridades
Chile está cansado del debate constitucional y prácticamente todos los estudios de opinión así lo demuestran.
A solo un mes de la elección, la encuesta Cadem (una de las más reputadas del país) mostró que un tercio de los votantes (32%) estaba «poco o nada» interesado en el proceso.
Se habla de «fatiga» o «hastío» constitucional tras estos cuatro años de esfuerzos por cambiar la Carta Magna.
Entre tanto, han pasado cinco elecciones (entre plebiscitos y comicios para elegir a los consejeros a cargo de redactar las propuestas) y el resultado son dos intentos fallidos.
«Ya llevamos demasiado tiempo alargando este proceso, perdiendo tiempo en elecciones y con una clase política inepta e incapaz de ponerse de acuerdo», le dice a BBC Mundo Gabriela, una chilena que este domingo votó en contra.
Para Octavio Avendaño, una de las razones de esta falta de interés tiene que ver con el fracaso del primer intento en el cual los chilenos tenían depositadas sus esperanzas.
«El proceso sufrió un enorme descrédito y eso generó un efecto nocivo», indica.
Hoy, dicen los expertos, el cambio constitucional ya ni siquiera se ve como una herramienta para salir de la crisis.
«Hay decepción y hay poca fe en que las élites actuales pueden ser capaces de resolver el problema», señala Javier Sajuria
Además, según varios investigadores, las prioridades de los chilenos cambiaron.
Así también lo demuestran estudios de opinión, donde la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico son la primera preocupación de los chilenos, seguido por la economía.
Y es que el país sudamericano está atravesando por una de las peores crisis en seguridad de su historia reciente.
El miedo a sufrir un delito alcanzó su máximo registro histórico hace dos meses, con más de un 30% de las personas que declararon tener ese temor, según la fundación Paz Ciudadana.
Para Isabel Castillo, «hubo un importante porcentaje de gente que simplemente no quería un nuevo proceso constitucional porque desvía la discusión política de cuestiones que, para ellos, son urgentes».
3. «Castigo» a la clase política
Otra de las razones que explica el fracaso de este proceso es que no logró unir a los distintos sectores políticos del país.
Lo mismo sucedió con el primer intento, cuando grupos de centro y de derecha insistieron en que se les había marginado. Esta vez, fueron los sectores mayoritariamente de izquierda los que dijeron sentirse excluidos.
Según los analistas, esto llevó a que un alto porcentaje de los votantes marcara la opción «en contra» como un «voto de castigo» hacia la clase política chilena.
«Un escenario donde todos hubiesen estado de acuerdo, defendiendo la misma propuesta, evidentemente hubiese sido distinto. Esto fue un castigo por la falta de transversalidad», dice Isabel Castillo.
En esa línea, este domingo, tras conocerse los resultados, la presidenta del partido socialista, Paulina Vodanovic, indicó que deben ser capaces de reflexionar las razones de por qué no se logró la «tan ansiada unidad».
«El país perdió la oportunidad de haber hecho una Constitución en democracia», agregó.
Además, se debe considerar que en Chile -y buena parte del mundo- la aprobación hacia los políticos ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos años.
Hoy, de hecho, los partidos y el parlamento son las instituciones que más alto porcentaje tienen respecto a la «percepción de corrupción», según las encuestas de opinión.
Y en este proceso constitucional, a diferencia del anterior, los partidos políticos tuvieron un rol protagónico.
Así, los analistas coinciden en que un alto porcentaje del voto «en contra» tiene que ver con un repudio hacia la clase dirigente.
«Es la consecuencia de un discurso antipolítico que ha ido arraigando en Chile», dice Avendaño.
«Es muy parecido al fenómeno que prendió en Argentina con Javier Milei y la casta política que es percibida como una clase privilegiada y que se beneficia de los recursos del Estado», añade.
¿Qué pasará ahora?
Tras conocerse los resultados del plebiscito, el presidente Gabriel Boric señaló que durante su mandato (al cual le quedan dos años) no se llevará a cabo un nuevo proceso constitucional.
«Las urgencias son otras», dijo.
“El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía y eso no podemos ignorarlo”, añadió.
Lo mismo han argumentado otros líderes del oficialismo que han afirmado que Chile debe enfocarse en intentar solucionar otros problemas que aquejan a la ciudadanía, como la seguridad pública.
Además, hay convencimiento de que, en términos económicos, lo mejor es cerrar la discusión.
Al momento de emitir su voto este domingo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que abrir otra proceso «genera incertidumbre para la ciudadanía en general y, por supuesto, también para las empresas».
“Concluirlo será un paso importante para la normalización de la economía”, indicó.
Es una postura que comparten en la oposición.
«Esta es la última oportunidad de un proceso constituyente. Nosotros no vamos a validar un nuevo proceso, no va a haber otro», señaló en una radio local el senador del partido de derecha Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.
De acuerdo con varios estudios de opinión, más de un 60% de los chilenos tampoco están de acuerdo con que se inicie un tercer debate.
«Sería completamente absurdo apostar por algo que ya no resultó. Muchos de la élite política se convencieron de que hacer estas asambleas no es una buena idea porque puede pasar cualquier cosa», señala Isabel Castillo.
Según Javier Sajuria, algo que sí podría suceder en el corto plazo es que algunos parlamentarios quieran hacer reformas a la actual Constitución.
«Desde la derecha, se podría intentar hacer cambios que les interesaban de la segunda propuesta constitucional, y lo mismo podría hacer la izquierda, impulsando iniciativas que le acomodaban del primer texto», indica Javier Sajuria.
De esta forma, la posibilidad de que Chile deje atrás su actual -y controvertida- Carta Magna se ve cada vez más lejana.
Dos oportunidades perdidas que los chilenos -y el mundo- observan con perplejidad.