Por: Jos\u00e9 Luis Centeno S.<\/p>\n\n\n\n
Desnaturalizaci\u00f3n del proceso penal: Vicios, omisiones y la fragilidad de la norma.<\/p>\n\n\n\n
En las intrincadas veredas del sistema de justicia venezolano, donde a veces la norma parece ceder ante el capricho o la componenda, surge un caso que clama al cielo por su crudeza y por la flagrante desnaturalizaci\u00f3n del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n
Me refiero a la causa penal que mantiene en vilo a Rub\u00e9n Antonio Garrido Salazar, un hombre de 83 a\u00f1os (octogenario ya en el invierno de su vida), a su hijo Jourdans Alexander Garrido Naim (un profesional con cuatro carreras universitarias, de credenciales acad\u00e9micas intachables), como a toda su familia, por efecto de la actuaci\u00f3n de mala fe de fiscales del Ministerio P\u00fablico y abogadas con influencia pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
El expediente, hoy en el Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N\u00b0 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Asunto principal: UP01-P-2023-003406 (Nomenclatura de las actas procesales: K-23-0203-01083 CICPC), con apertura de juicio para el 13\/04\/2026, no es solo una cr\u00f3nica de una disputa inmobiliaria; es el retrato hablado de c\u00f3mo la justicia, cuando se extrav\u00eda en manos de la arbitrariedad, puede convertirse en el m\u00e1s eficiente instrumento de persecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La g\u00e9nesis de esta tragedia jur\u00eddica se remonta al 6 de julio de 2023. Los hechos, relatados en el acta de investigaci\u00f3n penal, nos presentan una escena donde el derecho de propiedad se diluye en un mar de contradicciones. El Ministerio P\u00fablico, bajo la batuta de los hoy cuestionados fiscales Renny Daniel Madero V\u00e1squez y Winston Ricardo Y\u00e1\u00f1ez Rodr\u00edguez, impuls\u00f3 una acci\u00f3n penal por los delitos de invasi\u00f3n, uso de documento p\u00fablico falso y agavillamiento.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en la causa fiscal MP-140360-2023 el primer gran vicio in procedendo surge con la ceguera voluntaria ante el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal (COPP). Esta norma, de car\u00e1cter imperativo y humanista, es tajante: \u201cNo se podr\u00e1 decretar la privaci\u00f3n judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta a\u00f1os\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de que la ley obliga a sustituir la prisi\u00f3n por el arresto domiciliario o medidas menos gravosas para los ancianos, el peso de la mano fiscal busc\u00f3 desde un inicio el encierro del se\u00f1or Garrido Salazar, desconociendo que la interpretaci\u00f3n de esta norma no admite excepciones que vulneren la dignidad del adulto mayor.<\/p>\n\n\n\n
El n\u00facleo de la acusaci\u00f3n gira en torno a una supuesta \u201cinvasi\u00f3n\u201d. Pero, \u00bfpuede hablarse de invasi\u00f3n cuando los sujetos act\u00faan amparados por t\u00edtulos de propiedad y sentencias civiles previas? El an\u00e1lisis de las actas revela que los acusados presentaron copias de documentos emanados de tribunales civiles que los acreditaban como propietarios. Aqu\u00ed es donde la labor fiscal flaque\u00f3 o se torci\u00f3 deliberadamente.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico omiti\u00f3 considerar la prejudicialidad civil establecida en el art\u00edculo 35 del COPP. Antes de calificar criminalmente una entrada a un inmueble como \u201cinvasi\u00f3n\u201d, el tribunal penal deb\u00eda dirimir la validez de los t\u00edtulos contrapuestos. Existe constancia de un proceso de reconocimiento de instrumento privado (Expediente 3702\/21 y 3699\/21) donde se declar\u00f3 con lugar la propiedad a favor de los Garrido Naim.<\/p>\n\n\n\n
Insoslayable. Ignorar la existencia de una sentencia civil definitivamente firme que respalda la posesi\u00f3n del imputado es un error inexcusable que vicia toda la estructura de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se les imput\u00f3 tambi\u00e9n el uso de documento p\u00fablico falso (art\u00edculos 319 y 322 del C\u00f3digo Penal). No obstante, el Ministerio P\u00fablico, por intermedio de Winston Ricardo Y\u00e1\u00f1ez Rodr\u00edguez, present\u00f3 esta acusaci\u00f3n sin que mediara previa declaratoria judicial de falsedad del documento original.<\/p>\n\n\n\n
En el derecho venezolano, la eficacia probatoria de un instrumento p\u00fablico permanece inc\u00f3lume mientras no sea destruida mediante una tacha de falsedad o una sentencia penal firme que declare el forjamiento. Al no existir tal declaratoria, los fiscales actuaron de mala fe, utilizando simples \u201cpresunciones\u201d para privar de libertad a ciudadanos que ejerc\u00edan sus derechos basados en documentos que, para el momento, gozaban de plena presunci\u00f3n de legalidad.<\/p>\n\n\n\n
La valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas fue inexistente. Se dio valor pleno a testimonios de o\u00eddas y a una \u201cexperticia\u201d que no pudo realizarse porque, seg\u00fan el propio informe del CICPC, los involucrados no se presentaron para la toma de muestras. Es decir, se mantuvo una acusaci\u00f3n de falsedad documental sin una prueba t\u00e9cnica conclusiva que la respaldara.<\/p>\n\n\n\n
No podemos pasar por alto el contexto sombr\u00edo que rodea a los acusadores. La actuaci\u00f3n de los fiscales Madero y Y\u00e1nez, apartados hoy por graves se\u00f1alamientos de corrupci\u00f3n, sugiere que el proceso no buscaba la verdad, sino la satisfacci\u00f3n de intereses particulares. Corresponde a \u00c1ngel Mujica, encargado de la Fiscal\u00eda 12\u00b0 y fiscal asignado al caso, y a la Fiscal Superior del estado Yaracuy, Dra. Ingrid Alvarado (quien conoce con exactitud los hechos), actuar ajustados a Derecho o persistir en las violaciones e ilegalidades del d\u00fao fiscal.<\/p>\n\n\n\n
La sombra de la influencia pol\u00edtica se proyecta sobre el caso a trav\u00e9s de las figuras de Belkis Isaac P\u00e9rez Castillo (ex Primera Dama del Estado) y Jholeesky del Valle Villegas Espina (ex jueza rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy), cuyas vinculaciones con el poder regional parecen haber aceitado los engranajes de una maquinaria fiscal dispuesta a triturar la defensa de los Garrido Naim. Pero, \u00e9sta \u00faltima, a la hora que escribo este art\u00edculo, renunci\u00f3 a la defensa de los intereses de Erlinda del Carmen Fuentes, y su nuera, Yeniree Castillo Parra, las supuesta \u201cv\u00edctimas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, Rub\u00e9n Antonio Garrido Salazar, a sus 83 a\u00f1os, enfrenta un proceso que es una afrenta a la justicia. Su hijo, Jourdans Alexander, en la nueva causa UJ01-P-2025-000038 del Tribunal de Control N\u00b0 2, carga con una orden de aprehensi\u00f3n que carece de sustento f\u00e1ctico admisible. Estamos ante un caso de privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, donde se han sacrificado los principios de legalidad, presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a la defensa en el altar de la corrupci\u00f3n y el tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n\n\n\n
La justicia en Yaracuy tiene una deuda pendiente. Es imperativo que las instancias superiores revisen este adefesio procesal, reconozcan la prejudicialidad civil y restituyan la libertad plena a quienes nunca debieron ser tratados como criminales por el simple hecho de defender lo que, seg\u00fan las propias leyes de la Rep\u00fablica, les pertenece.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"